MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -
El PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y el BNG han presentado en el Congreso sendas enmiendas de totalidad en contra del proyecto de ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado de Alquiler de Viviendas alegando que "desprotege" a los inquilinos y beneficia la especulación en el sector inmobiliario.
Según la enmienda socialista, a la que ha tenido acceso Europa Press, la reforma "rompe" con la función de amparo y defensa que debe tener la ley para beneficiar a los arrendadores, además de "privar de la necesaria estabilidad" a los contratos con la reducción de su duración.
También reduce la capacidad negociadora de los inquilinos, al "suprimir la necesidad de pacto previo", y encarece los costes que deben soportar, "desincentivando la demanda". "No parece que la ley garantice eficazmente los fines de dinamización del mercado del alquiler", añaden los socialistas.
El PSOE se queja asimismo de que se modifique la ley del alquiler tras un "periodo escaso" de vigencia de la anterior normativa, lo que no permite "evaluar su impacto", y afirma que las medidas del Ejecutivo "van en sentido contrario a la pretendida finalidad de incentivar el mercado de la vivienda en alquiler", demostrando que su política es "errática, dubitativa, sin objetivos claros y que parece atender más al dictado de sectores económicos con problemas que a una contribución efectiva al bienestar común de todos los ciudadanos".
HACE FALTA UN PARQUE PÚBLICO DE ALQUILER
Por su parte, la Izquierda Plural afirma que el proyecto "no pretende en absoluto resolver el problema social que supone la falta de acceso a una vivienda digna para millones de personas" sino que, antes al contrario, significa "un paso más en la vulneración" de un derecho básico recogido en la Constitución.
"El derecho a la vivienda no puede estar regido por las reglas del mercado, favoreciendo única y exclusivamente los intereses de los sectores financieros e inmobiliarios mediante ventajas legislativas, financieras y fiscales", alega la coalición, para la que esta ley "fomenta aún más la precarización del alquiler" al consagrar el 'desahucio exprés'.
Entre los argumentos para su rechazo a la norma, IU-ICV-CHA cita también que se convierte el alquiler en una opción "meramente temporal, incomparable con la seguridad" que garantiza la compra; y "acentúa la debilidad del inquilino al conceder carácter prioritario a la voluntad de las partes".
"La única 'ventaja' para el inquilino tiene trampa: la posibilidad de desistir del contrato en cualquier momento (se contrapone a) la posibilidad de que el arrendador incluya una cláusula de indemnización en el contrato", continúa la enmienda, donde también se critica la "reducción casi al mínimo" de las garantías judiciales que protegen a los ciudadanos, coincidiendo con un incremento en el número de desahucios.
Así, para la Izquierda Plural la norma "genera dudas sobre su constitucionalidad" y supone un "grave retroceso que no conseguirá fomentar el mercado del alquiler, en tanto que persigue activar el mercado de la vivienda vacía hacia sectores especuladores, y conceder enormes ventajas fiscales, financieras y legales a las entidades financieras e inmobiliarias".
"El fin es liberar al sector financiero de sus activos inmobiliarios. Se fomenta la financiarización del sector del alquiler mediante el estímulo de instrumentos de inversión inmobiliaria", critica el grupo, reclamando una "política de vivienda pública de alquiler con carácter social, inclusivo y universal", aprovechando para ello los activos que se transfieran al 'banco malo' que, a su juicio, deberían utilizarse para constituir un parque público de viviendas en alquiler.
En este sentido, la Izquierda Plural aboga por una ley que "garantice el derecho a acceder a una vivienda en régimen de alquiler a cambio de una renta que no supere el 30% de los ingresos de la unidad familiar".
ES UN RETROCESO "GRAVÍSIMO"
En el mismo sentido, la enmienda del BNG recuerda que la vivienda es "un derecho social básico cada vez más inaccesible para una amplia mayoría de los ciudadanos", que o bien no pueden acceder a una vivienda o bien se ve desahuciada.
Ante esta realidad, el Gobierno plantea una "reforma parcial que se centra en debilitar la posición de los inquilinos y en estimular fiscalmente a las empresas de inversión inmobiliaria". "Es un gravísimo e inadmisible retroceso en la política de protección de los arrendatarios de vivienda", añaden los nacionalistas gallegos.
Asimismo, acusan al Ejecutivo de "fomentar la precarización del alquiler para favorecer los intereses de los propietarios, sobre todo de los grandes grupos inmobiliarios", permitiendo incluso las inversiones desde paraísos fiscales, y de provocar la "práctica desaparición de las garantías judiciales de los arrendatarios bajo el pretexto de facilitar el desahucio". "Se transita así del ya vigente 'desahucio exprés' al 'desahucio fulminante'", lamenta el BNG.
Finalmente, alerta de que estas medidas seguirán "alimentando la espiral de especulación inmobiliaria" por lo que el proyecto está "abocado al fracaso, cuando no a empeorar aún más la frágil situación de quienes padecen las consecuencias más graves de la crisis". Por eso, coinciden en reclamar la creación de un parque público de alquiler a partir de los activos del 'banco malo'.
"Este proyecto no sólo supone una oportunidad perdida sino una afirmación de las erróneas políticas sobre vivienda que dieron como resultado la existencia de un parque inmobiliario que presenta un alto porcentaje de viviendas sin usar al mismo tiempo que cada vez hay más personas sin poder disponer de una vivienda digna. Es el momento de introducir un cambio sustancial en esas políticas fracasadas", concluye la enmienda.
