MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -
Controlar la extensión de las casas de apuestas y regular la publicidad de estas, así como actualizar la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios para tener mayores competencias sancionadoras que conlleven un endurecimiento de las sanciones por infracciones, son algunos de los retos a los que deberá hacer frente el próximo ministro de Consumo, el coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Alberto Garzón.
Este Ministerio, de nueva creación, sería el resultado de elevar a la máxima categoría ministerial dos direcciones generales actuales: la de Consumo y la del Juego. Sería la primera vez que España cuente con un Departamento de Consumo.
En materia de juego y apuestas, Garzón debería aprobar una regulación de la publicidad de los juegos de azar y apuestas 'online', de ámbito estatal. Se trata de una reivindicación del sector del juego privado español, que ha solicitado que sea a través de una normativa "equilibrada y equitativa", tanto para el ámbito privado como para el público (SELAE y ONCE).
En declaraciones a Europa Press, el Consejo Empresarial del Juego (Cejuego) afirmaba que espera que el futuro Ejecutivo regule la cantidad de spots, los mensajes y los horarios de la publicidad de los juegos de azar y las apuestas, mientras que la Asociación Española de Juego Digital (Jdigital) pedía "diálogo" de cara a la adopción de medidas.
Entre las medidas ya anunciadas se halla que, en el marco de la Conferencia Sectorial, se impulsarán criterios homogéneos con las comunidades autónomas para evitar que los locales de apuestas puedan abrir antes de las 22.00 horas y que limiten su proximidad a centros escolares.
Respecto a la proliferación de salones de juego y casas de apuestas, la posición del nuevo Ejecutivo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos es la de "controlar su extensión", como ya avanzaban en el documento que recoge el contenido programático del preacuerdo alcanzado para conformar un Gobierno progresista de coalición.
En materia de consumo, FACUA ya ha adelantado que planteará al futuro ministro una reforma de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios que, entre otras reivindicaciones, pedirá más competencias sancionadoras para el Ministerio que desde hace décadas "son exclusivas de las comunidades autónomas", como ha lamentado a Europa Press su portavoz, Rubén Sánchez.
Esta organización también ha pedido a Garzón asumir el reto de frenar los fraudes masivos que sufren los consumidores para llevar a los tribunales a las empresas que cometan abusos si se niegan a cesar en sus prácticas tras ser emplazadas a ello. "Que haga uso de sus competencias para emprender acciones judiciales contra las empresas en caso de que sea necesario", ha apostillado.
En la misma línea se ha manifestado el portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Enrique García, que ha hecho hincapié en la necesidad de que el Ministerio tenga mayores competencias y "un papel sancionador más grande", al endurecer las sanciones "a las empresas que incumplan la ley", además de "mejorar la coordinación con las Comunidades Autónomas".
También ha solicitado "rescatar del olvido" la Ley de Servicios de Atención al Cliente, impulsar el consumo responsable, luchar contra la obsolescencia programada de los electrodomésticos para ampliar su vida útil, crear una agencia destinada a mejorar la asistencia a los clientes financieros, mejorar la protección en redes o regular la figura del consumidor responsable.
Por su parte, el presidente de la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), Fernando Moner, ha destacado a Europa Press que regular el juego online es "una prioridad", además de pedir "generar un plan estratégico que recoja la protección de los consumidores, contar con una agencia que se ocupe de los temas financieros o realizar un cambio legislativo para defender de un modo más sencillo cuando haga muchos afectados", entre otras demandas.
También ha reclamado que el Consejo de Consumidores y Usuarios tenga "capacidad y presupuesto para poder funcionar", además de vigilar la publicidad --sobre todo la que se dirige al público infantil y juvenil--, fomentar el consumo responsable o vigilar en materia de vivienda.
Desde la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes (FUCI), su presidente ejecutivo, Gustavo Samayoa, ha solicitado al Ministerio trabajar a favor de la atención al ciudadano y por el control de las entidades financieras, crear un observatorio para las garantías financieras, seguir desarrollando la ley de consumidores e impulsar el arbitraje de consumo, entre otras cuestiones.
CREAR UN MINISTERIO DE CONSUMO, "UN HECHO INSÓLITO"
Todas las asociaciones consultadas han puesto en valor la creación de este nuevo Ministerio, el primero que habrá en España de esta materia. Así, desde CECU, han asegurado que su puesta en marcha "es una oportunidad y un reto". "Cuando hablamos de consumo, hablamos de los hábitos de casi 50 millones de españoles relacionados con aspectos como la alimentación, la salud o el comercio, por lo que proteger a los consumidores en todos estos ámbitos es necesario", ha afirmado su presidente, Fernando Moner.
"Ya era hora de tener un ministerio; era algo que quedaba relegado, siempre tenía prioridad la sanidad", indicó por su parte el presidente ejecutivo de FUCI, Gustavo Samayoa, en línea con el presidente de la Unión de Consumidores (UCE), Dacio Alonso, que consideró un "hecho insólito y revolucionario en el mejor sentido de la palabra" la posible existencia de un Ministerio de Consumo. "Es una cuestión de máxima relevancia que por primera vez supone visibilizar a los consumidores y su protección", subrayó.
Rubén Sánchez (FACUA-Consumidores en Acción) también calificó de "muy buena noticia" la creación de este ministerio pues, como denunció, "la política de consumo ha estado abandonada en las últimas décadas". "Incluso se eliminó de la nomenclatura de Sanidad aunque luego se recuperó pero no ha supuesto nada", lamentó, por lo que su puesta en marcha "traslada la idea de que hay voluntad de hacer cosas".
