MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO) ha pedido al Gobierno que convoque de forma "urgente" el Observatorio Estatal por la Convivencia Escolar para "poner freno" al 'pin parental' implantado en Murcia, aceptado en Andalucía y que Vox exige en comunidades gobernadas por el PP y Ciudadanos a cambio de apoyar sus presupuestos autonómicos.
En un comunicado, CCOO insta al Gobierno a que el Observatorio Estatal por la Convivencia Escolar, creado en 2007, "comience a funcionar de manera ordinaria, planificada y sistemática, con el objetivo de evitar este tipo de actuaciones que ponen en riesgo al alumnado", dicen en referencia a esta medida que permite que los padres veten la asistencia de sus hijos a actividades complementarias en horario lectivo.
Para el sindicato, el 'pin parental' "pretende acabar con los consensos sociales y educativos", "desprestigiar y limitar la labor del profesorado" y "privar al alumnado de contenidos orientados al respeto de la diversidad".
Según CCOO, esta situación provocará "interferencias graves en la normal convivencia en los centros educativos", lo que justificaría la convocatoria del Observatorio, que tiene entre sus funciones "asesorar la puesta en funcionamiento de políticas educativas favorecedoras para la mejora de la convivencia escolar".
"Entendemos que este órgano debe iniciar sus trabajos de manera urgente ante esta situación y continuar su importante labor de manera ordinaria, planificada y sistemática, para que se puedan evitar este tipo de actuaciones y prevenir el acoso escolar y cualquier tipo de violencia en los centros educativos, que permita a nuestras niñas y niños desarrollar todo su potencial, independientemente de sus circunstancias, en un entorno seguro como debe ser la escuela", expone CCOO.
El sindicato, sin embargo, recuerda que el Observatorio Estatal por la Convivencia Escolar, integrado por representantes de la comunidad educativa, comunidades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias o ministerios como Sanidad o Interior, "sólo se ha reunido una vez" desde su creación en 2007.
En 2018, el gobierno de Mariano Rajoy aprobó un Real Decreto que reducía este órgano consultivo de 71 a 47 sus miembros, aunque abría la participación a los colectivos de familia, juventud y discapacidad como el CERMI.
