MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, no ha puesto fecha a la petición de Unidos Podemos de derogar el decreto ley, aprobado por el Gobierno del PP, por el que se pusieron en marcha medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, pero se ha comprometido a poner fin a estas medidas en un "plazo razonable".
Durante su intervención en el Pleno del Congreso, Celaá ha recordado que el anterior Ejecutivo justificó la llegada de este decreto en 2012 "por la coyuntura económica" y como medida "excepcional" para mejorar la eficiencia de la Administración Pública. Para la titular de Educación del Gobierno socialista, estas situaciones excepcionales "no pueden prolongarse indefinidamente" y ha considerado "interesante" que "en el menor tiempo posible" se "vayan revirtiendo las medidas que afectan a la educación no universitaria".
Así ha respondido ante una pregunta parlamentaria que le ha dirigido la portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso, Ione Belarra, a quien no le han bastado estas palabras y ha pedido a Celaá un "compromiso claro con una fecha concreta" para la derogación del decreto ley.
"Los profesores han cargado en sus espaldas con un sobresfuerzo, han tenido un enorme sufrimiento", ha denunciado la diputada 'morada', quien también se ha referido a los alumnos con clases "masificadas" y que ven como sus profesores no se reponen hasta 15 días después de que comience la baja del titular, o el cierre de se centros públicos mientras se abrían otros concertados.
MEDIDAS A DIALOGAR CON CCAA Y UNIVERSIDADES
"Es hora de que haya un Gobierno que se comprometa firme y claramente con la educación pública, porque llevar a nuestros hijos a la pública no debe ser un acto de militancia, sino de orgullo", ha apuntado.
"Créame que soy especialmente sensible con la educación pública, que es el referente y vertebrador del sistema de Educación. Así que, el respeto por delante", ha respondido la ministra, para señalar que conoce la "repercusión directa" que los profesionales de este sector han tenido que soportar y, por ello, reconoce su esfuerzo.
Finalmente, ha insistido en que su Ministerio está a disposición de que se reviertan las medidas que "más polémica han suscitado" dentro de la comunidad educativa. Sin embargo, ha precisado que hay algunas medidas que implican a las comunidades autónomas, competentes en materia de Educación, y a universidades. En este sentido, se ha comprometido a iniciar el diálogo con estos organismos para buscar avances en un "plazo razonable".
