Denuncian que la libertad para elegir centro sólo es real para los que pueden costear las "cuotas obligatorias encubiertas"
MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE) cree que el Estado "no tiene la obligación de sostener con fondos públicos todas las opciones ideológicas y educativas posibles", pero "sí debe garantizar una educación pública de calidad y la libertad de enseñanza", como recoge la Constitución.
Esta organización se refiere a las declaraciones que este jueves realizó la ministra de Educación y FP en Funciones, Isabel Celaá, ante representantes de la educación católica. Según la ministra, la libre elección de centro educativo no es un derecho constitucional.
Ante esta situación, CICAE ha mostrado su defensa de "las tres redes de centros educativos existentes en España", que considera "imprescindibles". "Abogamos por su coexistencia, como así fueron planteadas para garantizar la universalización de la educación en nuestro país, siempre respetando el derecho de los progenitores a escoger la educación que desean para sus hijos", explica la asociación.
Sin embargo, los colegios privados entienden que el Estado no tiene la obligación de financiar todas las opciones y sí garantizar que la educación pública es de calidad y que se cumple con la libertad de enseñanza.
LA LIBERTAD DE ELECCIÓN DE CENTRO, AMENAZADA
Por otra parte, esta organización denuncia que la libertad de elección de centros "se está viendo amenazada y mermada, no por actitudes gubernamentales, sino por las cada vez más elevadas y comúnmente implantadas cuotas obligatorias encubiertas". Se trata, según explican, de "donaciones y actividades complementarias, que se imponen a las familias en gran parte de los centros concertados en etapas obligatorias".
Según explican, esta situación implica que la libertad de elección es "solo real para quienes pueden costear estas cuotas". "CICAE lleva mucho tiempo demandando que se recupere el espíritu fundacional de los conciertos, solicitando que quienes no lo sean tengan la obligación de convertirse en entidades benéfico docentes sin ánimo de lucro", ha señalado, antes de reprochar a la Administración su "inacción" en este sentido.
