MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -
La plataforma 'Más Plurales', que aglutina a sindicatos, asociaciones de familias, empresas y organizaciones educativas del sector de la concertada, ha pedido amparo al Parlamento Europeo porque considera que la reforma educativa española, la LOMLOE, más conocida como 'Ley Celaá' --que entra en vigor este martes--, supone un "ataque frontal" y "sistémico" al Estado de Derecho en España y porque es contraria a la Constitución Española (CE) y a varias normas internacionales y supranacionales.
En una carta remitida a esta institución europea y a la que ha tenido acceso Europa Press, la plataforma desgrana los "aspectos que más preocupan" de la nueva ley de Educación, ya que, a su juicio, "con ellos se prepara una ilegal e injusta monopolización estatal del sistema educativo".
El primero de ellos es, según Más Plurales, la "programación de la enseñanza y exclusión de la demanda social" y la "limitación del derecho de los padres a la elección de centro". En este sentido, recuerda que en España existe una doble red de centros escolares, públicos y privados, y parte de estos están financiados con fondos públicos. Además, explica que desde 1985 se estableció en España el sistema de conciertos, que ha venido funcionando "satisfactoriamente".
Sin embargo, denuncian que la LOMLOE "echa abajo el sistema, vulnerando el derecho a la libertad de enseñanza". Según exponen, la propuesta de la Ley consiste en "no valorar la demanda de las familias como criterio de programación". "Sin límite alguno, deja a la discrecionalidad de la Administración la planificación educativa", convirtiendo en "irrelevantes" las preferencias de los padres y las iniciativas de las entidades educativas, a las que, además, "aboca a un cierre en un plazo que dependerá del grado de discriminación negativa que se les aplique".
La plataforma se refiere al art. 109.3 de la Ley, que recoge que "las Administraciones educativas programarán la oferta educativa de modo que garanticen la existencia de plazas públicas suficientes, especialmente en las zonas de nueva población".
Según Más Plurales, este apartado "vacía de contenido el art. 27.3 de la Constitución Española", que recoge que "los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones", al disponer la Ley que la programación de las Administraciones educativas esté orientada solo a garantizar una oferta suficiente de plazas públicas y no de concertadas y privadas.
Otro aspecto que "preocupa" a la concertada es la Educación Especial. Según la Disposición Adicional Cuarta de la LOMLOE, solo "los alumnos que requieran una atención muy especializada" accederán a los Centros de Educación Especial que, en diez años, se transformarán en "centros de referencia y apoyo para centros ordinarios".
De este modo, se está "atentando", según la plataforma, contra el art. 49 de la Constitución, que dice que "los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos" que el Título I de la CE otorga a todos los ciudadanos, ya la plataforma critica que la LOMLOE no define qué alumnos requieren esa atención "muy especializada" ni en qué puede consistir el concepto "muy especializada".
Así, la LOMLOE "basa la transformación de los colegios de educación especial en el art. 24.2.e) de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4". Si bien, Más Plurales asegura que "nadie se opone a esas recomendaciones", pero también que "la LOMLOE no se justifica conforme a ellas y tampoco responde a las exigencias de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad", que exige a los estados asegurar que "se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión".
Con respecto al Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, la plataforma recuerda que éste ha de ser interpretado conforme a la Declaración de Incheon para la Educación 20304, que determina que la finalidad de la inclusión es "brindar a todos iguales oportunidades y no dejar a nadie atrás", especialmente a las personas con discapacidad. "Los colegios de educación especial tienen ese fin", zanja.
Además de la programación de la enseñanza y la educación especial, Más Plurales también denuncia otro aspecto de la 'Ley Celaá': la "determinación del modelo coeducativo sin separación de sexos como único modelo susceptible de ofrecer la enseñanza gratuita".
La LOMLOE establece que "los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos desarrollarán el principio de coeducación en todas las etapas educativas, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y no separarán al alumnado por su género".
Según la plataforma, esta Disposición "contradice de manera flagrante la reciente jurisprudencia constitucional sobre la educación diferenciada por sexos" que, "entendida como opción pedagógica de voluntaria adopción por los centros y de libre elección de los padres y, en su caso, por los alumnos", constituye "una parte del ideario o carácter propio del centro que escoge esta fórmula educativa que puede reputarse conforme a la Constitución como cualquier otro modelo educativo que tenga por objeto el desarrollo de la personalidad humana y el respeto a los principios de los derechos y libertades fundamentales que reconoce el art. 27.2 de la Constitución", según exponen las sentencias 31/2018 y 74/2018 del Pleno del Tribunal Constitucional.
LA LOMLOE, CONTRARIA A NORMAS INTERNACIONALES
En la carta, Más Plurales señala que la LOMLOE contradice al art. 14.3 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que reconoce el derecho de los padres a la educación de sus hijos conforme a sus convicciones pedagógicas. "La exclusión de los centros privados en general y, en particular, negar la financiación pública a los centros de educación diferenciada en condiciones de igualdad con el resto de los centros educativos, es contraria a ese precepto", detalla.
Asimismo, Más Plurales afirma que las disposiciones de la LOMLOE denunciadas son contrarias a la Declaración Universal de Derechos de 10 de diciembre de 1948, que en su art. 26.3 establece que "los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos".
También es contraria, en su opinión, al Protocolo adicional al Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de París, de 20 de marzo de 1952, que establece en su art. 2 que "el Estado (...) respetará el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas".
Y va en contra también del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 16 de diciembre de 1966, que en su art. 18.4 dice que los Estados presentes "se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones", concluye la plataforma.
Por todo ello, pide amparo ante el Parlamento Europeo, pero también que se adopten "las medidas oportunas para el restablecimiento de los derechos fundamentales" según la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y "las tradiciones constitucionales del Estado Español".
