En respuesta a la FAPE, afirma que los periodistas reciben formación en Lengua que "deberían facultarles" para enseñarla en colegios
MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo considera de "difícil justificación" constitucional que los titulados en Periodismo no puedan impartir Lengua y Literatura en los colegios públicos y privados, para las etapas de ESO y Bachillerato, según expone en respuesta a una queja remitida por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE).
La FAPE aludía en su escrito, remitido al Defensor el pasado mes de marzo, a un decreto de julio de 2010 que impide a los licenciados o graduados en Periodismo o carreras equivalentes ejercer la docencia en dichas materias.
El Defensor basa su argumentación en el artículo 23.3 de la Constitución para señalar que la carga de créditos de Lengua en las carreras de Periodismo y el Certificado de Aptitud Pedagógica o el Máster en Formación del Profesorado en las especialidades de Lengua Castellana y Literatura o Lenguas Extranjeras "avalan los conocimientos necesarios" de los periodistas para impartir dichas materias "y deberían facultarles" para que puedan enseñarlas en los colegios públicos y privados.
La institución dirigida por Francisco Fernández Marugán recomienda al Ministerio de Educación y Formación Profesional que examine la procedencia de incorporar dichas titulaciones universitarias, acompañadas del correspondiente Máster de Formación del Profesorado, en las especialidades de Lengua Castellana y Literatura o Lenguas Extranjeras, en la enseñanza pública y privada, para las etapas de ESO y Bachillerato.
Además, el Defensor del Pueblo insta a las administraciones educativas autonómicas a que "mantengan la acreditación de los licenciados o graduados" en periodismo o equivalentes que "no hayan interrumpido la docencia desde antes de su entrada en vigor, y reconozca el tiempo de servicios prestados durante ese periodo".
En el escrito que ha remitido a la FAPE respondiendo a su queja, añade que "sí se reconoce esta habilitación a todos los titulados del área de Humanidades o de la rama de conocimiento de Artes y Humanidades, cuando muchos de los planes de estudios de estas titulaciones apenas cuentan con asignaturas relacionadas con los contenidos curriculares de Lengua Castellana y Literatura y Lenguas Extranjeras".
Además, considera "una incoherencia" que el Máster de Formación del Profesorado en las especialidades de Lengua Castellana y Literatura y Lenguas Extranjeras que siguen ofertando las universidades públicas y privadas orientado a la impartición de clases, habilite a los licenciados o graduados en la rama de Comunicación para acceder a las pruebas selectivas de acceso a la función pública docente y, sin embargo, no tenga carácter habilitante para poder impartir estas mismas materias en un centro privado o para acceder a las bolsas extraordinarias de empleo del sector público docente.
EL ORIGEN DEL PROBLEMA
La publicación del Real Decreto 860/2010, de 2 de julio, por el que se regulan las condiciones de formación inicial del profesorado de los centros privados para ejercer la docencia en las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria o de Bachillerato, impide a los licenciados en Periodismo o Comunicación ejercer la docencia en la especialización en Lengua y Literatura y Lenguas Extranjeras, a pesar de que el máster oficial ofertado por algunas universidades que habilita para el ejercicio docente, denuncia la FAPE, contempla como vía preferente para los periodistas y licenciados o graduados en Ciencias de la Comunicación la especialización en dichas materias.
Este real decreto estableció que únicamente podrían impartir tales materias las titulaciones adscritas al área de Humanidades o a la rama de Conocimiento de Artes y Humanidades, mientras Periodismo quedó enmarcado en la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas.
La FAPE, que forma parte de la Plataforma de Periodistas Vetados en Educación, ha denunciado públicamente en reiteradas ocasiones la actitud que vienen manteniendo, tanto la administración central como las autonómicas y los partidos políticos, ante un problema que afecta a centenares de periodistas docentes, asegura la federación.
