MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo ha trasladado a las universidades catalanas que deben respetar el principio de "neutralidad ideológica", amparando así al colectivo de profesores de enseñanza superior catalanes 'Universitaris per la Convivncia' que protestaron por los "incidentes" acaecidos en universidades catalanas en octubre de 2019 en relación con la huelga contra la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 1-O y a los manifiestos en favor de los presos del 'procés'.
"Las universidades públicas, como las demás instituciones que ostentan este carácter, deben respetar el principio de neutralidad ideológica que es exigible a todas ellas en una sociedad plural y democrática", subraya el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, en su carta, hecha pública este jueves 8 de octubre.
Según precisa Fernández Marugán, la institución ha trasladado a los rectores de las universidades consultadas que, "como instituciones vinculadas al cumplimiento de los fines que les asigna el ordenamiento jurídico, están integradas por personas con amplia diversidad ideológica, por lo que sus órganos de gobierno deben respetar esa diversidad cuando ejercen sus funciones, sin asumir o presentar como propia de la institución una determinada posición ideológica".
A raíz de la queja de este colectivo y de otras similares, el Defensor decidió poner en marcha una actuación informativa en la Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad Politécnica de Cataluña, Universidad Pompeu Fabra, Universidad Rovira i Virgili, Universidad de Barcelona, Universidad de Girona y Universidad de Lleida.
En su respuesta, la Universidad de Lleida dice que se recomendó a los profesores no desarrollar actividades de evaluación en las fechas posteriores a la sentencia del 1-O con el fin de garantizar el derecho de los estudiantes a participar en la huelga y el derecho a no hacerlo, según recoge el Defensor del Pueblo.
Por su parte, el rector de la Universidad Rovira i Virgili apunta que el consejo de gobierno aprobó la posibilidad de que los estudiantes optaran por una evaluación periódica o única en las materias que no precisaran su presencia para poder ser posteriormente evaluados.
Mientras, el Rector de la Universidad Autónoma de Barcelona aclara en su respuesta al Defensor que en ningún momento se suspendieron las clases sino que se adoptaron medidas para que los miembros de la comunidad universitaria pudieran ejercer sus derechos y libertades.
El Rector de la Universidad de Barcelona asegura que en todo momento se intentó salvaguardar los derechos de toda la comunidad universitaria buscando el equilibrio entre el libre ejercicio del derecho a la protesta y el derecho a la educación.
Por otro lado, el Rector de la Universidad de Girona afirma que durante la huelga del 18 de octubre se cumplieron en su totalidad los servicios mínimos; y el de la Politécnica de Cataluña señala que la actividad académica se desarrolló con normalidad.
Por último, el Defensor indica que el Rector de la Pompeu Fabra ha señalado en fecha reciente que la comunidad universitaria que representa tiene un alto grado de madurez y que no ha sido necesario dar respuesta a reclamaciones o quejas sobre esta problemática.
Acerca de los manifiestos en defensa de los presos del 1-O, la Universidad de Lleida dice que fue fruto de un debate en un Claustro extraordinario; y la Rovira i Virgili señala que quien dictó la declaración contra la sentencia no fue un órgano de gobierno de la universidad sino un órgano de representación de la comunidad universitaria.
El rector de la Autónoma de Barcelona alude en este tema a que el claustro universitario es el máximo órgano de representación por lo que no cree que vulnerara la libertad ideológica y la neutralidad. Mientras, su homólogo de la Universidad de Barcelona subraya que la propuesta de manifiesto cumplía con todos los requisitos legalmente establecidos por el reglamento del Claustro y que el Rector no podía negarse.
Por parte de la Universidad de Girona aclaran que el Rector informó explícitamente de que aprobando dicho manifiesto no se adoptaba ningún acuerdo institucional; y desde la Politécnica de Cataluña defienden que el manifiesto formaba parte del pensamiento crítico de la universidad y es fruto de pluralidad. Por último, la Pompeu Fabra no se pronuncia al respecto.
"TONO AUTOEXCULPATORIO"
En las respuestas recibidas por el Defensor del Pueblo, 'Universitaris per la Convivncia' observa un "común tono autoexculpatorio, alegando las universidades que hicieron lo posible por mantener la normalidad ante los altercados y por garantizar tanto el derecho de los estudiantes a la huelga como el de asistir a clase con normalidad".
Asimismo, el colectivo ve "un tono justificativo en relación con la modificación de los sistemas de evaluación y con la aprobación de manifiestos en los claustros".
A partir de estas respuestas, el Defensor del Pueblo incide en el deber de "neutralidad ideológica" de las universidades públicas e informa de que dará conocimiento de los hechos objeto de la queja ante las Cortes Generales, a salvo de aquellos asuntos que permanecen pendientes de pronunciamiento judicial.
'Universitaris per la Convivncia' ha celebrado esta respuesta del Defensor del Pueblo, y ha manifestado su firme voluntad de seguir trabajando "por unas universidades de todos, que no adopten posiciones políticas oficiales sino que fomenten un debate de ideas sereno y respetuoso que contribuya al tan necesario diálogo entre catalanes".
