MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -
La organización Hazte Oír, promotora de la iniciativa del 'pin parental', afirma que "miles los padres de toda España piden que se implante con carácter urgente" esta medida, que permitiría a los padres vetar la asistencia de sus hijos a actividades complementarias sobre educación afectivo-sexual en las aulas.
"Las amenazas y las mentiras no nos van a silenciar porque son miles los padres de toda España que piden que se implante el 'pin parental' con carácter urgente", advierte Arsuaga en declaraciones a Europa Press, recordando el servicio telefónico que su organización presentó la semana pasada para atender a lo que califican como "víctimas" del "adoctrinamiento de género".
"Una semana después de su puesta en marcha, el 'Teléfono PIN Parental' está recibiendo decenas de mensajes y llamadas diarias. Las denuncias se someten a estudio y se contacta con las víctimas para conocer los detalles, verificar la información y, una vez realizadas las oportunas comprobaciones, ofrecer a las víctimas varias modalidades de ayuda", añade el presidente de Hazte Oír.
Esta línea telefónica ofrece atención las 24 horas en el 663 700 989, aunque la organización también ha puesto en servicio una dirección de correo electrónico para que las familias "afectadas" hagan llegar sus denuncias.
El pasado mes de septiembre, coincidiendo con el inicio del curso escolar, Hazte Oír envió a 23.000 colegios públicos y concertados de toda España ejemplares del formulario 'Pin parental contra el adoctrinamiento en ideología de género', para que los padres soliciten información previa y consentimiento expreso para la asistencia de sus hijos a clases con contenido afectivo-sexual.
Además, la entidad envió la misma documentación a 6.000 Asociaciones de Madres y Padres (AMPAS) de colegios e institutos de enseñanza secundaria de Castilla y León, Murcia, Andalucía y Madrid en las que gobierna el Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos y Vox. Una campaña que la Federación de Enseñanza del sindicato Comisiones Obreras (CCOO) denunció ante la Fiscalía General del Estado al considerar que "fomenta el odio" y podía constituir un delito.
El Ministerio de Educación ya ha advertido que llevará a los tribunales a todas las administraciones autonómicas que implanten esta medida que consideran "ilegal" por vulnerar "el derecho a la educación integral del menor".
