30 de marzo de 2020
28 de abril de 2018

Inspectores recriminan a la clase política su actitud ante el Pacto educativo: "Estamos cansados de excusas simplonas"

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El plazo para que la subcomisión para un Pacto social y educativo aporte un documento que permita establecer una nueva Ley orgánica y otras medidas de mejora educativa finaliza en el próximo mes de mayo y la Unión Sindical de Inspectores de Educación (Usie) asegura estar cansada de "excusas simplonas", de "intereses corporativos" y de decisiones "cortoplacistas".

Así, la organización recrimina en un comunicado a la clase política su actitud ante el Pacto educativo, ya que gran parte de los diputados que criticaron la LOMCE están "posibilitando" con su actitud que continúe, pues solo una Ley orgánica puede derogar a otra.

La propuesta de la formación de dicha subcomisión se aprobó en el Congreso de los Diputados el 21 de diciembre de 2016 y un año más tarde fue cuando se establecieron 14 puntos para debatir, con el objetivo de que se aprobaser una futura Ley orgánica que sustituya a la LOMCE, además de fomentar otros cambios educativos, según explica la Usie.

"Es vergonzoso que en todo este tiempo, todos estos esfuerzos, no hayan sido suficientes para cerrar aspectos nucleares que forjen una Ley que dé estabilidad al sistema educativo y solucione los problemas endémicos que arrastra nuestra maltrecha educación", denuncia la unión sindical.

La Usie recuerda que España es el segundo país de la Unión Europea (UE) con jóvenes entre 18 y 24 años que han abandonado "prematuramente" el sistema educativo habiendo completado "como mucho" la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), que a los 15 años el 36% del alumnado ha repetido al menos una vez en su vida escolar o que un 22,4% de los alumnos fracasan y ni siquiera logran titular en secundaria, entre otros "agujeros negros educativos".

En este contexto, propone, si los representantes políticos "no son capaces" de llegar a un mínimo acuerdo, que la subcomisión o la Comisión de Educación nombre a un grupo de expertos consensuado por todos los grupos parlamentarios para que en un periodo máximo de seis meses presente un documento técnico que sirva de base para la nueva ley y proponga medidas concretas de mejora educativa.

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