18 de noviembre de 2019
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  • 13 de enero de 2010

    MADRID.-Epc.- Objetores piden a Aguirre que establezca una norma de régimen interno para los centros que reconozcan sus derechos

    MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

    La plataforma de padres Madrid Educa en Libertad explicó hoy a la Comunidad de Madrid que son varias las cosas que se pueden hacer con Educación para la Ciudadanía (EpC) como establecer una normativa de régimen interno para los centros escolares "en la que se reconozca y desarrolle el derecho constitucional (artículo 27.3) de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones".

    Así responde esta plataforma después de que el lunes la consejera de Educación de la Comunidad, Lucía Figar, afirmase que el Gobierno regional no puede hacer nada más por los objetores a Educación para la Ciudadanía, una vez que el Tribunal Supremo sentenció que no cabía la objeción de conciencia frente a esta asignatura.

    Ante estas declaraciones, los objetores madrileños "no salen de su asombro". Así, la plataforma recordó a Figar "que no ha hecho absolutamente nada para defender a los padres objetores a los que, en términos coloquiales, ha dejado en la estacada", apuntan en un comunicado.

    La portavoz de Madrid Educa en Libertad, María Menéndez, señaló que el Gobierno madrileño podría, entre otras cosas, responder por escrito a los padres que objetan a EpC para que, en caso de denegarles su derecho, puedan acudir a los tribunales; y dar instrucciones para que los alumnos objetores sean respetados y "dejen de ser coaccionados o amenazados".

    También consideró que se debería instar a los centros educativos y profesores a respetar "escrupulosamente" las sentencias del Tribunal Supremo de febrero de 2009 "que prohibían expresamente adoctrinar o imponer criterios sobre cuestiones morales controvertidas".

    Por otra parte, según Madrid Educa en Libertad, en el último trimestre de 2009 varios padres madrileños han presentado recurso ante el Tribunal Superior de Justicia en defensa de su derecho a objetar a EpC. Hasta la fecha, el Tribunal madrileño no se ha pronunciado sobre este derecho recogido en la legislación española e internacional.