Euskadi y cuatro comunidades del PP (Andalucía, Castilla y León, Madrid y Murcia) se desmarcan del pacto que Celaá daba por hecho
MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha admitido que cinco comunidades autónomas "han expresado discrepancias" en la aplicación del acuerdo sobre la evaluación del curso escolar anunciado este pasado miércoles tras la Conferencia Sectorial de Educación, y que contaba, según dijo la ministra Isabel Celaá, con un "respaldo importantísimo", incluso "completo" de todas las regiones.
Este jueves, el Ministerio ha precisado que, a pesar de que "todas las comunidades autónomas aprecian y comparten que su filosofía es la adecuada para un momento excepcional como el que estamos padeciendo", los gobiernos autonómicos de Andalucía, Castilla y León, Euskadi, Comunidad de Madrid y Región de Murcia se descuelgan de la aplicación de este acuerdo de "carácter vinculante".
Este miércoles, en una reunión telemática presidida por Celaá, las comunidades habían consensuado, según informó el propio Ministerio, mantener el curso hasta junio, ofrecer clases de refuerzo en los colegios durante verano, que la promoción de curso sea normal general y dedicar el tercer trimestre al repaso de contenidos, entre otras medidas, como enumeró Celaá en una rueda de prensa posterior en el Palacio de la Moncloa.
La ministra apuntó durante la comparecencia, sin embargo, que las comunidades tenían hasta este jueves para confirmar su adhesión al acuerdo. Andalucía, Castilla y León, Madrid y Murcia, comunidades gobernadas por el Partido Popular y Ciudadanos, se han desmarcado del pacto, como Euskadi, "que se opone por una cuestión de competencias", señala el Ministerio de Educación.
"El resto de comunidades se adhieren a este acuerdo que, según la normativa de la Conferencia Sectorial tiene carácter vinculante. Es decir, las comunidades que se adhieren aplicarán los criterios establecidos en el acuerdo", explican desde el Ministerio, que no descarta que las regiones díscolas cambien de opinión. "Las comunidades autónomas que no se han adherido ahora pueden hacerlo más adelante si así lo consideran", añaden en un comunicado.
LAS CCAA DEL PP PIDEN "CRITERIOS COMUNES"
Desde las comunidades del Partido Popular y Ciudadanos critican que la propuesta del Gobierno (a la que se incorporaron aportaciones de las autonomías) no fija criterios comunes de promoción, titulación y permanencia, dejando la decisión en manos de los gobiernos autonómicos.
"En tanto no se establezcan en el acuerdo de manera expresa esas condiciones, esta comunidad autónoma no puede prestar su conformidad al mismo", ha asegurado este jueves la consejería de Educación y Deporte de Andalucía, dirigida por Javier Imbroda, de Ciudadanos, aunque admite conformidad "con el enfoque y estructura del texto del acuerdo de forma general".
En la Comunidad de Madrid, el consejero de Educación, Enrique Ossorio, del Partido Popular, se extendía este jueves en las críticas al Ministerio, al que acusa de "dejación" y de tenerle "grima" al "esfuerzo", mostrando su rechazo a que la evaluación del tercer trimestre del curso sea solo "diagnóstica".
Ossorio ha asegurado que el tercer trimestre tendrá "valor académico" en Madrid y sus alumnos serán evaluados por las tareas que realizan en sus casas durante el confinamiento. "Si no, estamos echando por tierra el enorme esfuerzo que han hecho los alumnos y los profesores durante estas difíciles semanas que han tenido que reinventarse para seguir con la educación a distancia", ha argumentado.
Por parte de la Región de Murcia, que en los últimos meses ha mantenido desencuentros con Celaá por la implantación del 'pin parental', la consejera de Educación y Cultura, Esperanza Moreno, ha anunciado que tampoco ratificará el preacuerdo de la Conferencia Sectorial porque ni siquiera lo ha visto por escrito. "Hemos recibido un borrador que está vacío", ha asegurado la consejera del Partido Popular.
En Euskadi, su consejera de Educación, Cristina Uriarte, dijo este miércoles tras participar en la Conferencia Sectorial que el documento propuesto por el Ministerio era "positivo", aunque se desmarcaba alegando la autonomía del Gobierno vasco. "Tenemos nuestras competencias, nos debemos a nuestra comunidad educativa y ese es nuestro marco de trabajo", sentenció.
Desde el Gobierno de España, su portavoz, María Jesús Montero, ha asegurado este jueves que el Ministerio de Educación intentará convencer a estas comunidades discrepantes para sumarlas al acuerdo. "Si aún hay alguna comunidad autónoma que tiene un criterio que puede ser puntualmente distinto, no tengo duda de que continuarán ese proceso de diálogo", ha señalado.
