MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -
Organizaciones católicas de enseñanza han exigido este viernes al Gobierno que "tome en consideración el extraordinario apoyo social y político del que goza la red pública concertada, a la hora de modificar los artículos de la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE), más conocida como 'ley Celaá', que "proyectan su desaparición".
Así lo han reclamado en un comunicado conjunto la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos (CONCAPA), la Universidad CEU San Pablo, la Fundación Educatio Servanda, la Plataforma 'Libres para Educar a Nuestros Hijos', la Plataforma 'yolibre.org' y la Confederación Española de Asociaciones de Antiguos Alumnos de la Enseñanza Católica (CEAAEC).
En concreto, las citadas entidades han reclamado "el mantenimiento de la demanda social", es decir, "la preferencia de las familias como criterio de distribución de los alumnos en los centros, la dignificación de la asignatura de religión --relegada al ostracismo--, la supresión del adoctrinamiento curricular, y una mayor autonomía de todos los centros de la red pública".
Las organizaciones católicas de enseñanza han hecho esta solicitud tras la oposición al punto del dictamen social para la reconstrucción en el que se excluía a los colegios concertados de las ayudas frente al Covid-19 y que finalmente derivó el miércoles en el rechazo por parte del Pleno del Congreso del plan social para la reconstrucción.
"Nuestro agradecimiento a los grupos parlamentarios Partido Popular, Vox, Ciudadanos, JxCat, PNV y Coalición Canaria, por su apoyo a las familias que optan por la enseñanza pública concertada --la gran mayoría de ideario católico--", han indicado.
En este sentido, han aplaudido que estas formaciones políticas hayan dado su voto negativo al texto, s su juicio, "liberticida e impositivo" del Gobierno, que "privaba a las familias de escuela pública de las ayudas económicas del Covid-19".
De este modo, han defendido que la escuela pública y la concertada deben ser "complementarias". "No aceptamos una relación de sumisión de la red pública social respecto a la red pública estatal que no se encuentra ni en la letra ni el espíritu que emanan del articulado constitucional", han manifestado.
Finalmente, las organizaciones católicas de enseñanza han añadido que "tampoco responde a los principios de subsidiaridad y solidaridad sobre los que debe cimentarse una sociedad moderna y libre".
