BARCELONA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Junta Electoral Central ha admitido a trámite una denuncia de los antitaurinos en la que alertan de presuntas irregularidades cometidas en el proceso de recogida de firmas de la iniciativa legislativa popular (ILP) que pretende blindar las corridas de toros.
La denuncia, presentada por la Fundación Franz Weber y a la que ha tenido acceso Europa Press, hace referencia al hecho de que los organizadores de la ILP alentaron a recoger firmas a simpatizantes taurinos sin ser federatarios de la Comisión Promotora, lo que podría contravenir la ley orgánica 3/1984 que regula las ILP.
Por ello, la Junta Electoral Central solicita a la Comisión Promotora de la ILP que busca declarar "la fiesta de los toros" como Bien de Interés Cultural (BIC) que remita a los denunciantes las alegaciones pertinentes.
Los animalistas aportan como prueba las capturas de pantalla de diversas páginas web en las que la Federación de Entidades Taurinas de Catalunya anima a los protaurinos a recoger firmas sin ser federatario, alegando que de este modo es más sencillo el procedimiento.
La ley considera necesario que las firmas sean autenticadas por un notario, un secretario judicial, el secretario municipal de la localidad en cuyo censo electoral se halle inscrito el firmante o, en su defecto, por "federatarios especiales designados por la Comisión Promotora".
Dichos federatarios especiales deben acreditarse ante las Juntas Electorales provinciales y se comprometen a dar fe de la autenticidad de las firmas y la ley advierte de que, en caso de falsedad, incurrirán en las responsabilidades penales previstas en la ley.
Los promotores de la ILP protaurina presentaron el 22 de marzo en el Congreso unas 590.000 firmas para pedir el blindaje las corridas de toros --eran necesarias medio millón--, de las que 168.000 fueron recogidas en Catalunya, donde este año ha entrado en vigor la prohibición de este tipo de festejos.
Los animalistas consideran que, a tenor de la manipulación denunciada y del comportamiento de algunos federatorios, en el proceso de comprobación de las firmas éstas "sufrirán una considerable firma".
Adicionalmente, consideran que el texto no puede tramitarse porque la competencia para declarar algo como BIC recae en las comunidades autónomas, junto con las competencias sobre espectáculos públicos y protección de animales, por lo que la prohibición de Catarias y Catalunya es "legítima".
