Admitida a trámite una denuncia de la Fiscalía por un posible delito medioambiental en la ría de Arousa

Actualizado: viernes, 8 junio 2012 21:30

RIBEIRA (A CORUÑA), 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El juzgado de Instrucción número 1 de Ribeira, en A Coruña, ha admitido a trámite una denuncia presentada por la Fiscalía de Medio Ambiente por un posible delito ecológico que afecta a la ría de Arousa y que "habría causado un grave daño económico a un polígono mejillonero de la zona".

En concreto, el fiscal remite las diligencias al juzgado "para interpone denuncia contra personas indeterminadas, en el ámbito de la administración local" y que puedan "tener capacidad de control o gestión y ser directamente responsables de los hechos".

Por su parte, a través de un comunicado, el abogado de afectados --diversas asociaciones de marisqueras de la comarca-- Luis Páramo señala que esta denuncia se dirige contra "quienes, por acción u omisión y de forma intencionada o imprudente, permitieron el vertido a la ría de aguas residuales sin depurar" procedentes de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), "que el Ayuntamiento de Ribeira posee en el lugar conocido como Punta do Touro".

De este modo, los denunciantes sostienen que la EDAR de Ribeira "no efectúa en la actualidad, ni lo ha hecho en el pasado, depuración alguna de las aguas residuales urbanas que recibe", por lo que "contraviene" la legislación en materia de medio ambiente.

A este hecho, añaden que, según pudieron atestiguar los agentes del Seprona, el emisario submarino conectado a la EDAR, que cuenta con aproximadamente 3.600 metros de longitud, se halla deliberadamente abierto a los 1.200 metros de su recorrido desde que fue recepcionado, sin reservas de ningún tipo, por el consistorio, entonces gobernado por el actual senador y expresidente de la Diputación de A Coruña José Luis Torres Colomer.

Tal y como ha señalado el letrado, "el efecto combinado" de la EDAR que "no depura" y del "emisario indebidamente abierto", somete a la ría a un "flujo continuo de aguas fecales" que la propia Consejería de Medio Ambiente estimó "en 15 millones de litros diarios".

Además, ha asegurado que este vertido está provocando también "graves perjuicios económicos" a los productores de mejillón a causa de unas "elevadas concentraciones" de la bacteria E.Coli, que se deposita en el fondo marino y que las corrientes arrastran hacia el interior de la ría.

COLIFORMES EN EL POLÍGONO RIBEIRA C

Conforme ha recordado, en 2011, el Instituto Tecnológico para o Control do Medio Mariño de Galicia (Intecmar) detectó una alta concentración de coliformes en el polígono Ribeira C y rebajó su categoría, de modo que los productores "perdieron la posibilidad de vender el mejillón para su consumo en fresco y se enfrentaron con la amenaza del cierre de las instalaciones".

"Fue precisamente el constante aumento de la presencia de esta bacteria en los análisis que periódicamente realiza Intecmar lo que levantó la voz de alarma", ha indicado Luis Páramo antes de recordar que el "Ribeira C es un polígono situado en la boca de la ría, en una zona de mucha profundidad y con buena renovación de las aguas".

Asimismo, ha añadido que el anterior alcalde de Ribeira "desoyó de forma reiterada, durante años, los requerimientos del sector mejillonero y de la Consejería de Medio Ambiente para que se cediesen los terrenos en donde instalar la EDAR".

"EL AYUNTAMIENTO CARECE DE AUTORIZACIÓN"

Según ha añadido, además, de la investigación realizada por la Fiscalía se desprende que el Ayuntamiento de Ribeira "carece de la preceptiva autorización administrativa de Augas de Galicia para realizar vertidos desde el EDAR de Punta do Touro".

Con todo, ha subrayado que "más llamativo aún" es el hecho de que el expediente sancionador incoado en 2007 contra el Ayuntamiento por parte de Augas de Galicia "se haya dejado caducar sin motivo aparente", pese a que "en dicho texto se reconocía un incumplimiento flagrante de la legislación en materia de depuración de aguas residuales".

Por último, ha incidido en que "ahora" será el Juzgado de Instrucción el que deberá determinar la autoría y participación en el posible delito ecológico.