MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Estado ha dado luz verde al Reglamento que desarrolla la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de Modificación de la Ley de Costas, aprobada en 2013, y ha subrayado que es "importante y urgente" su aprobación.
Este órgano consultivo considera que la Ley de Costas "atiende las consecuencias del cambio climático en el litoral español" y "garantiza" la protección ambiental, la seguridad jurídica de los titulares de derechos en la costa y la promoción de las actividades económicas que sean sostenibles.
Una de las novedades del reglamento de la Ley de Costas es la elaboración de una estrategia para la "adaptación" de la costa a los efectos del cambio climático, así como la obligación de que los concesionarios de ocupaciones adopten medidas de adaptación a los efectos del cambio climático.
ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO
Por otro lado, en el reglamento se incide en la prohibición de nuevas edificaciones y "construcciones en costa", así como "de las obras que supongan cualquier aumento de volumen, altura o superficie de las edificaciones existentes". En este sentido, el reglamento exige un informe ambiental autonómico para autorizar la prórroga de concesiones de actividades potencialmente contaminantes que recoge la Ley.
En otro orden de cosas, el reglamento diferencia los tramos urbanos y naturales de las playas y otorga un mayor nivel de protección ambiental a los tramos naturales. Además, la norma restringe las ocupaciones en los tramos naturales de las playas, mientras que en los urbanos se garantiza una adecuada prestación de servicios siempre que sea compatible con su uso común.
Los eventos en las playas también han sido valorados por el Consejo de Estado, admitiendo en el reglamento solo los de "interés general y repercusión turística", siempre que se "garantice una "completa conservación medioambiental de la playa".
SEGURIDAD JURÍDICA Y TRANSPARENCIA
Por otro lado, el reglamento concreta el dominio público marítimo-terrestre, el concepto de playa y el alcance de las olas, por lo que gracias a una serie de criterios técnicos y objetivos los ciudadanos podrán conocer "por primera vez" cuál debe ser la línea de deslinde y su aplicación uniforme en el conjunto del territorio.
En el reglamento también se aborda el tema de la seguridad de los bienes de dominio público marítimo-terrestre que deberán ser inscritos en el Registro de la Propiedad. En este sentido, según el Reglamento, se deberá ofrecer información gratuita a los ciudadanos sobre las líneas de deslinde a través de Internet.
Desde el órgano consultivo han explicado que la medida persigue que "nadie" pueda comprar una vivienda u otros bienes en la costa y descubrir después que no le pertenecen porque son de uso público, a la par que asegura la "continuidad ordenada" de las ocupaciones en el dominio público marítimo-terrestre y se da solución al "efecto 2018", es decir, el vencimiento de las concesiones de un gran número de viviendas e industrias.
FOMENTO DEL EMPLEO Y LA ACTIVIDAD ECONÓMICA SOSTENIBLE
Según los datos ofrecidos por el Consejo de Estado, el reglamento beneficiará a unos 1.000 hoteles ya existentes de forma legal-- algo que protegerá a los más de 80.000 empleos que generan-- a la vez que supone la ordenación de la situación de unos 3.000 chiringuitos, que suponen unos 50.000 empleos directos, y se garantiza la actividad de más de 1.600 empresas e industrias que estaban destinadas a desaparecer a partir del año 2018.
También significa, según han explicado, la seguridad de más de 12.000 viviendas de construcción legal en la costa, puesto que podrán "prorrogar sus concesiones".
Por su pare, el órgano consultivo ha agradecido el esfuerzo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente por "garantizar" la participación pública durante el proceso de elaboración de la nueva norma.
