MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se creará una Comisión Interministerial para incorporar criterios ecológicos en la contratación pública, que estará adscrito al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
La comisión estará formada por al menos un representante de cada uno de los departamentos ministeriales y pretende garantizar la coordinación de la Administración General del Estado, sus organismos públicos y las entidades gestoras de la Seguridad Social en la incorporación y el uso de criterios ecológicos en la contratación pública.
Así, el Gobierno asegura que dará un impulso definitivo a los aspectos de la contratación pública ecológica en los que la Administración General del Estado lleva trabajando varios años y en concreto se incorporarán en las distintas fases de la contratación elementos de eficiencia energética o de utilización adecuada de los residuos y reducción de su generación.
Además, tendrá una especial consideración los aspectos relativos a la huella de carbono en la línea de reducir los impactos medioambientales de la actividad de la organización.
La iniciativa se enmarca dentro de la estrategia internacional que busca el crecimiento de forma sostenible y dentro de la que destaca la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en el que se reconoce que éste es uno de los mayores desafíos del futuro inmediato.
Con su adopción, los Estados se comprometieron a movilizar los medios necesarios para su puesta en práctica, mediante una responsabilidad común y universal. Cada Estado fijará sus propias metas nacionales, apegándose a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El Gobierno recuerda que dentro de la UE la iniciativa tiene vinculación directa con la Estrategia Española de Economía Circular, que se está elaborando en la actualidad y que, entre otras incluye la Contratación Pública Ecológica como elemento fundamental.
Según informa el Ejecutivo, esta decisión pretende conseguir que la contratación pública ecológica sea una herramienta eficaz para lograr políticas medioambientales relacionadas con el cambio climático, la utilización de los recursos y la producción y el consumo sostenibles, para lo que se requiere una cooperación eficaz entre los distintos departamentos de la Administración General del Estado.
