MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo ha iniciado una actuación en la que pide a la Xunta de Galicia que aclare el régimen jurídico que ampara la protección de los garranos, una especie de caballos salvajes en peligro de extinción, tras aparecer muertas cuatro yeguas salvajes apaleadas.
Tras el suceso acaecido en Oia (Pontevedra), el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha iniciado una actuación ante la Consejería de Presidencia de la comunidad autónoma gallega a la que pide que informe sobre las circunstancias en las que se produjo el maltrato a estos animales, que fueron "apaleados hasta morir", según refleja la institución y para que aclare si son especies silvestres o de aprovechamiento ganadero.
Las cuatro yeguas eran garranos, équidos salvajes con propietario que habitan en la sierra y que cada año participan en las tradicionales 'rapas das bestas' en Galicia. Se trata de una tradición por la que se baja a los caballos salvajes del monte a los pueblos para cortarles las crines y asearlos y después volver a dejarlos en libertad.
Además, el Defensor quiere saber el régimen jurídico que ampara la protección de esta especie milenaria que está en peligro de extinción porque no parece haber una posición unánime sobre si se trata de animales silvestres o si son animales de aprovechamiento ganadero.
Según señala la Institución en el escrito remitido a la Xunta, si su carácter es el de animal silvestre, estarían sometidos a la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, mientras que si son animales de aprovechamiento ganadero, su régimen jurídico sería el Real Decreto 804/2011, por el que se regula la ordenación zootécnica, sanitaria y de bienestar animal de las explotaciones equinas y se establece el plan sanitario equino y que es propio de otras especies equinas utilizadas comúnmente.
El Defensor del Pueblo recuerda que la Institución recibe cada año "numerosas" quejas relacionadas con el bienestar animal ante la cada vez mayor preocupación ciudadana por el bienestar y cuidado de los animales, tanto domésticos como silvestres así como por los daños a la biodiversidad, de acuerdo con las quejas que presentan las asociaciones ecologistas.
La Institución destaca que son "buenos ejemplos" de esto las actuaciones del Defensor sobre el régimen jurídico de las especies exóticas invasoras, o al uso del diclofenaco como compuesto veterinario en ganadería.
Otras actuaciones destacadas tienen que ver con el hecho de que asociaciones ecologistas sigan sin ser reconocidas como interesadas por la Administración en procedimientos sancionadores, lo que les impide participar plenamente en el procedimiento.
