MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo ha alertado de que un año más la actividad más contaminante reflejada en las más de 700 quejas relacionadas con el medio ambiente es promovida o amparada "en muchas ocasiones" por las administraciones públicas.
Así consta en el Informe anual de la actividad de 2017 del Defensor del Pueblo que en términos generales ha constatado también una mayor preocupación ciudadana por la protección y defensa del medio ambiente, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, pues no son pocas las quejas planteadas por organizaciones ecologistas o por ciudadanos agrupados en algún tipo de organización colectiva, ya sean asociaciones o simplemente plataformas.
Además, la institución observa, aunque reconoce que no es un "fenómeno nuevo" que en "muchas ocasiones" las actividades más contaminantes son promovidas por las administraciones públicas o estas amparan actividades privadas aplicando la legislación ambiental de manera formal, limitándose a tramitar los procedimientos, pero sin hacer un verdadero análisis de las repercusiones reales de proyectos, cuya afección al medio ambiente "puede ser muy significativa".
El Defensor destaca como "caso paradigmático" el de los proyectos de explotación y almacenamiento de gas subterráneo en el entorno de Doñana, un caso en el que se considera que la evaluación efectuada "no es concluyente" por lo que ha sugerido al Ministerio de Agricultura,Pesca, Alimentación y Medio Ambiente que revise las declaraciones de impacto ambiental (DIA) de los cuatro proyectos de explotación y almacenamiento de gas en el entorno de Doñana, incluida la valoración de las distintas alternativas al almacenamiento de gas, del riesgo sísmico y los impactos de la inyección y del almacenamiento subterráneo sobre el acuífero.
Además, ha solicitado al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital que suspenda los trabajos del proyecto Marismas Occidental, en tanto se realiza la evaluación.
Asimismo, denuncia los problemas provocados por "cierta ambigüedad" en la atribución de competencias entre las distintas administraciones públicas lo que unido al carácter "marcadamente técnico" de ciertas materias, conlleva una "ineficacia" a la hora de proteger el medio ambiente y la salud de los ciudadanos.
Otro de los casos más destacables en 2017 entre la actividad del Defensor es la investigación de oficio del Defensor sobre la contaminación atmosférica con diez ayuntamientos en 2016 y que se ha desarrollado "fundamentalmente" en el pasado ejercicio.
Un año más, el Defensor reitera el "abundante número de quejas" por molestias generadas por que las administraciones "no resuelven con efectividad los problemas cotidianos que les plantean los ciudadanos" y que, sin embargo afectan "decisivamente a su vida, incluso a su salud".
El Defensor ve "necesario señalar que son ya los pronunciamientos judiciales sobre esta cuestión, incluso en el orden penal, lo que demuestra una mayor sensibilidad sobre el tema, a la par que una mayor conflictividad.
En este contexto, recuerda una reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), de 16 de enero de 2018 (asunto 23383/12), sobre el ruido en el caso Cuenca Zarzoso contra España, donde se da la razón a los ciudadanos que denuncian la pasividad de la Administración en estas situaciones, como lleva años exponiendo en sus informes esta institución.
El tribunal entendió que el ayuntamiento no tomó las medidas necesarias para frenar el ruido soportado en la vivienda y procedente de los locales de ocio, por lo que el vecino debe ser indemnizado con 13.000 euros, porque las autoridades locales no actuaron frente el excesivo nivel de contaminación acústica soportado en una zona residencial por la aglomeración de bares y clubes nocturnos.
También en 2017 el Defensor ha actuado de oficio para conocer los planes de prevención y los medios personales y materiales para luchar contra los incendios forestales y siguió con las actuaciones para conocer la repercusión del uso de medicamentos veterinarios con diclofenaco en buitres y preguntó a la administración por el Plan de recuperación del lobo ibérico en Castilla-La Mancha. Entre los asuntos que motivaron un año más "muchas de las quejas" recibidas por el Defensor en 2017 destaca también el ruido y los malos olores generados por "actividades molestas".
El Defensor critica que en muchas ocasiones la respuesta de las administraciones es "lenta e ineficaz", ya que parte de una visión que suele favorecer a los causantes del ruido frente a quienes lo sufren.
Ante este tipo quejas, el Defensor insta a los Ayuntamientos a ejercer "de manera efectiva" sus competencias, con control del cumplimiento de las licencias otorgadas para el ejercicio de la actividad y la inspección de los locales en período de máxima actividad. Asimismo, de nuevo este año recomienda a los consistorios que realicen mediciones del nivel del ruido "tanto en el local como en las viviendas afectadas" y que impongan las medidas "correctoras o cautelares sin dilaciones".
En definitiva, el Defensor recuerda que la acción de la Administración sobre actividades clasificadas "solo puede ser efectiva si es inmediata" y se dota de los "recursos precisos". De ese modo, advierte de que esa inmediatez requiere "necesariamente" que cada Administración se plantee cómo abordar estas situaciones para poder atenderlas "adecuadamente en un plazo prudencial".
