MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -
Greenpeace, WWF y SEO/Bird Life han acusado al Gobierno de hacer una reforma de la Ley de Costas, cuyo anteproyecto ha sido presentado este viernes en el Consejo de Ministros, "a medida" para cubrir "ilegalidades" realizadas a espaldas de la vigente normativa, que se aprobó en 1988, y han advertido de que el nuevo texto favorecerá la especulación en la costa.
Así, los ecologistas, a los que se ha presentado este viernes el anteproyecto en una reunión en el ministerio, han calificado de "preocupante" la "amnistía" concedida a las casas construidas en la orilla de las rías, cuya zona de protección pasa de cien a veinte metros, la ampliación de la concesión a viviendas ilegales de 30 a 75 años, que se permita vender a terceros este tipo de viviendas y que se hagan excepciones, como la de la Isla de Formentera.
Igualmente, los tres grupos ecologistas han criticado que no se haya tenido en cuenta el cambio climático y los "elevados" costes que va a suponer para el Estado mantener artificialmente la línea de costa cuando previsiblemente el nivel del mar aumentará en los próximos años. "Es muy sorprendente que no se plantee los costes que va a tener para la Administración General del Estado el tener viviendas en primera línea de mar", ha señalado a Europa Press la responsable de las campañas de costas de Greenpeace, Pilar Marcos.
"La valoración que hacemos es negativa porque, en una país en el que estamos viviendo una crisis debido a la burbuja inmobiliaria, se está dando el peor de los mensajes", ha señalado la responsable de Greenpeace, que también ha criticado que se permita construir en dunas muertas, que son aquellas que se encuentran tierra adentro y cuyo suelo está consolidado con la presencia de vegetación.
Por su parte, el responsable del Programa Marino de WWF España, José Luis García Varas, ha indicado que la reforma "cambia en gran medida el espíritu" de la vigente Ley de Costas, que pasa "de ser una ley para la protección litoral a una ley que protege intereses económicos de algunas personas en el litoral". En este sentido, ha apuntado que la ampliación de las concesiones aumenta la seguridad de los concesionarios "a costa de perder para el Estado esa misma seguridad jurídica".
CREA UN NUEVO MERCADO
Además, ha advertido de que la modificación crea "un mercado que antes no existía", ya que ante la perspectiva de perder la propiedad en los próximos años, los concesionarios no invertían en arreglar las fincas, mientras que ahora no sólo pueden hacerlo sino que pueden vender esas casa a pie de playa. "Conociendo lo que ha pasado hasta ahora perfectamente se pueden dar situaciones de aumento de superficie", ha señalado.
Por su parte, la directora ejecutiva de SEO/Bird Life, Asunción Ruiz, ha apuntado que la reforma, lejos del objetivo de conseguir seguridad jurídica, como se había afirmado desde el ministerio, "añade muchísima inseguridad jurídica al Estado", que asume "un riesgo muy importante tanto jurídica como financieramente".
En este sentido, ha explicado que, al aumentar las concesiones, "el Estado se compromete a unas inversiones públicas que probablemente sean inasumibles" en la actual coyuntura, ya que mantener artificialmente la línea de costa requiere de "costosas" inversiones que el Estado estará obligado a realizar porque los concesionarios pueden exigirlo.
Como puntos positivos, los grupos ecologistas han destacado que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambienta asuma la competencia de paralizar cualquier plan de desarrollo aprobado por una administración local en la costa que vaya contra el espíritu de la ley.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha convocado el Consejo Asesor de Medio Ambiente, en donde están representadas las organizaciones ecologistas, el próximo 24 de julio para que los expertos puedan plantear sus dudas al anteproyecto.
