MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -
España deberá pagar una multa cohercitiva de 10,95 millones de euros al semestre, además de otra suma de 12 millones de euros por incumplir la normativa de la Unión Europea en saneamiento de aguas en 17 aglomeraciones urbanas. Esta situación se podría extender hasta 2022, cuando el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, prevé que estará terminada la última de las depuradoras prevista, en Barbate (Cádiz).
Durante su intervención en la Comisión para la Transición Ecológica del Congreso de los Diputados, el secretario de Estado ha precisado que aunque la sanción, inicialmente, afectaba a 17 aglomeraciones urbanas, en la actualidad siguen incumpliendo la normativa un total de nueve de ellas. De estas, una está en Gijón (Asturias), otra en Valle de Güimar (Tenerife) y las siete restantes en Andalucía: Nerja (Málaga), Matalascañas (Huelva), Barbate (Cádiz) -- declaradas de interés general y que dependen del Gobierno-- y Alhaurín el Grande (Málaga), Coín (Málaga), Isla Cristina (Huelva), Tarifa (Cádiz) --de competencia autonómica--.
De estas, según ha precisado Morán, la depuradora de Tarifa, de competencia autonómica ya cuenta con su estación depuradora de aguas residuales, pero las muetras obtenidas con satisfacen las exigencias de la Directiva.
Además, confía en que a lo largo de 2019 se concluirán otras cinco depuradoras, como las de Nerja, Alhaurín el Grande, Coín, Isla Cristina y Gijón Este. Un año más tarde se terminarán las obras de Matalascañas y Valle de Güimar, mientras que la de Barbate, no cree que pueda entrar en funcionamiento hasta 2022, por lo que es la que más se va a retrasar.
Si bien, el secretario de Estado ha informado en la Comisión parlamentaria de que se ha reunido con el director general de Medio Ambiente de la UE para solicitarle que a medida que se vaya cumpliendo, se vaya minorando o recalculando la multa.
Por otro lado, ha recordado que también están abiertos otros cuatro procedimientos de infracción por saneamiento y depuración en municipios de más de 10.000 habitantes. Se trata de cuatro aglomeraciones urbanas de competencia autonómica que son Pontevedra-Marín-Poio-Bueu (Pontevedra); Berga (Barcelona); Figueres (Gerona) y El Terri-Banyoles (Gerona).
Asimismo, respecto al procedimiento de pequeñas aglomeracioens, de entre 2.000 y 15.000 habitantes, ha recordado que existe un procedimiento abierto en 2012 que afecta a 606 aglomeraciones, del as cuales 80 son de competencia estatal, aunque en la actualidad este procedimiento implica a 180 aglomeraciones urbanas, de las que 18 son de competencia estatal que "ya están tomando medidas" para cumplir con la Directiva, aunque la Comisión Europea aún podría imponer sanciones.
Morán ha añadido que hay otros caso que también podrían ser objeto de sanción, pues de las casi 2.100 aglomeraciones de más de 2.000 habitantes-equivalentes que tienen que depurar sus aguas en España, unas 550 estarían en situación de incumplir.
PLAN NACIONAL DE DEPURACIÓN Y SANEAMIENTO
Tras exponer la relación de incumplimientos, el secretario de Estado ha anunciado un Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización (Plan DSEAR) "estratégico e integral", cuyo objetivo será anticiparse a las situaciones sobrevenidas sobre todo en un contexto en el que "el cambio climático pondrá de manifiesto que las infraestructuras de depuración disponibles no tienen capacidad para las aguas pluviales".
"Tarde o temprano el cambio climático pondrá de manifiesto que las infraestructuras de depuración disponibles no tienen capacidad para las aguas pluviales. Esto no se debe solo a una meteorología extrema. La impermeabilización urbana y los drenajes unitarios transforman el agua de tormentas en vertidos directos y nos encontraremos con problemas de posible reversión de fecales con el aumento del nivel del mar en los asentamientos costeros", ha advertido.
Por ello, ve necesario reorientar la gestión de las aguas pluviales para solventar puntas de las avenidas con ciudades más permeables que junto con las infraestructuras tradicionales aumenten la resistencia de las urbes.
En este contexto, ve imprescindible trabajar de forma conjunta con las comunidades autónomas, con las Mancomunidades y con las Entidades Locales competentes, abordar los problemas de la financiación y hacer una programación realista de inversiones, y una gestión integral estricta.
Precisamente, ha recordado que el saneamiento y la depuración es competencia local y ha dicho, que el Consejo de Ministros aprobará un acuerdo para incoar el procedimiento europeo y repercutir entre las administraciones responsables las cuantías.
"Es ineludible actuar para mejorar la calidad de las aguas", ha concluido Morán que considera que otro de los elementos en materia de agua que se debe reformar es el Consejo Nacional del Agua en cuanto a composición y funciones.
Por su parte, el diputado de Cs José Luis Martínez, ha culpado a los Gobiernos del PSOE y del PP en no haber aplicado correctamente la Directiva Europea en España desde 1991 y le ha reclamado que pida disculpas a los ciudadanos por "lo que acontece hasta la bochornosa sentencia" y le ha propuesto convocar una Mesa Nacional del Agua para buscar "posibles soluciones".
Desde Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el diputado Podemos Pedro Arrojo ha solicitado al Gobierno y a las fuerzas políticas "responsabilidad colectiva" y una actitud de "autocrítica" general, mientras que su compañero de partido Juan López de Uralde ha advertido de que la situación en materia de agua es "verdaderamente dramática", precisamente en un país donde el agua es un recurso escaso.
Finalmente, la diputada del PP María Teresa de Lara ha acusado al gobierno socialista que precedió al de Mariano Rajoy de "no haber hecho nada" de planificación hidrológica desde 2004 a 2011, por lo que ahora los españoles están pagando las consecuencias.
Así, ha recordado que en 2012 eran 38 las aglomeraciones que incumplían la directiva porque la planificación socialista "no se dirigió a ejecutar las actuaciones necesarias ni a priorizar las demandas" frente a las 9 actuales.
De Lara ha sacado pecho de la gestión en materia de agua del Gobierno popular, que se encontró 350 millones de euros en deudas no contabilizadas cuando el pp llegó al Gobierno, además de una desviación del 29,2 por ciento en todos los presupuestos de ejecución en la materia.
La diputada ha criticado también a Hugo Morán por no haber aprovechado la ocasión del ofrecimiento de la ministra Isabel García Tejerina para estructurar con el PSOE un Pacto Nacional del Agua.
