MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno está valorando incluir como agravante el uso ilegal de cebos envenenados en el Código Penal, o en los baremos de las infracciones contempladas en la ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, según ha confirmado en una respuesta parlamentaria tras la consulta del senador Carles Mulet, miembro de la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Derechos de los Animales (APDDA), que pidió medidas para prevenir los envenenamientos ilegales a la fauna silvestre.
Según ha denunciado Mulet, entre 1992 y 2017 se han registrado 21.160 animales muertos por consumo de cebos envenenados, una cifra que podría haber llegado a ser más de 200.000, en un total de 9.700 delitos contra la fauna, generando un impacto "muy grave" en la biodiversidad. Las rapaces sería el grupo de animales más afectado (35%), seguido de los domésticos (21%) y de los carnívoros terrestres (9%).
"El uso ilegal de veneno impacta en especies como el buitre negro, el buitre leonado, el alimoche, el quebrantahuesos o el milano real. Todas estas especies, en su mayoría amenazadas, junto a otros mamíferos, como el oso pardo, lobo ibérico, lince ibérico o zorro, son víctimas todos los años del uso de cebos envenenados, un problema que también afecta a numerosas mascotas en entornos urbanos", ha asegurado el senador.
Por su parte, el Gobierno ha añadido que está en proceso de actualización la Estrategia Nacional de lucha contra el uso ilegal de cebos envenenados en el medio natural, aprobada en 2004.
"En estos momentos, se está a la espera de que las comunidades autónomas remitan, en el seno del Comité de Flora y Fauna Silvestres de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, la información estadística precisa que permita realizar una evaluación conjunta del cumplimiento de la Estrategia durante estos últimos 15 años, y así poder proponer las líneas de actuación prioritarias a nivel estatal", explican desde el Ejecutivo.
Por otra parte, Mulet también ha solicitado que los insectos se incluyan en el 'Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial' ya que según un estudio científico alemán, se ha reducido más del 75 por ciento de la biomasa de insectos voladores, una cifra muy similar a las publicaciones posteriores analizadas en España y en Europa.
Para el senador, el declive de los insectos se debe a la pérdida de hábitat, especialmente de prados y pastizales por los usos agrícolas, la utilización de plaguicidas, la incidencia de patógenos y el cambio climático. Se estima que el 40 por ciento de las especies de insectos polinizadores se hallan en peligro de extinción como consecuencia de las actividades humanas.
Por ello, Mulet ha presentado una pregunta al Gobierno para saber si fomentará la investigación sobre los insectos para conocer la situación de su conservación real para frenar su extinción y asimismo si promoverá programas de educación y sensibilización de la sociedad sobre la importancia y el resto a la biodiversidad.
