MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -
Greenpeace ha solicitado a la Organización de Naciones Unidas (ONU) que intervenga para esclarecer el asesinato de un observador pesquero de I-Kiribati y garantice que la investigación es efectiva y exhaustiva.
La ONG en Estados Unidos y la Asociación de Observadores Profesionales (APO) han emitido una queja formal por esta muerte que se produjo en marzo y recuerda que en la última década han fallecido más de una decena de observadores, cuya misión es garantizar los niveles de captura sostenibles y el cumplimiento de las medidas de conservación marina.
Por ello, instan a la ONU a que trabaje para que las organizaciones regionales de pesca incorporen en sus regulaciones la obligatoriedad de que los Estados cumplan con los estándares internacionales sobre investigaciones de muertes potencialmente ilegales.
La denuncia, presentada en nombre de la familia del observador pesquero fallecido, Eritara Aati Kaierua, se dirige a la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Mary Lawlor, a la que instan a que se garantice que los observadores pesqueros estén protegidos y se penalice a los responsables de la muerte del observador Eritara Aati Kaierua.
La portavoz de Greenpeace Celia Ojeda ha destacado que los observadores pesqueros protegen las necesidades de las comunidades vulnerables y defienden el derecho a un medio ambiente saludable.
Sin embargo, denuncia que "las empresas, los gobiernos y las organizaciones multilaterales continúan sin protegerlos de la intimidación, el abuso y la muerte". Por ello, subraya que Greenpeace pide que la investigación cumpla con los estándares legales internacionales y que la familia de Kaierua reciba una "respuesta suficiente de todas las partes responsables".
El pasado 3 de marzo, los miembros de la tripulación del buque pesquero Win Far No.636 informaron a la Agencia de Pesca de Taiwán de la muerte a bordo de Kaierua, el observador pesquero de ese barco.
Según informaron el observador apareció muerto en su camarote golpeado y ensangrentado. Este barco es un cerquero de atún de bandera Taiwanesa, perteneciente a la empresa Kuo Hsiung Fishery, y es un proveedor clave de FCF Co Ltd, uno de los tres principales comerciantes taiwaneses de atún del mundo, según la ONG.
Sin ir más lejos, Greenpeace asegura que FCF es empresa matriz de la importante marca estadounidense de atún en lata 'Bumble Bee Foods', vinculada previamente a otras empresas que presuntamente cometieron abusos atroces contra los derechos humanos.
En respuesta a este caso, FCF, el proveedor clave, ha manifestado que están esperando el resultado de la investigación oficial, antes de hacer más comentarios sobre el caso.
Kaieruai fue empleado a través de un programa de observadores regionales de la Comisión de Pesca del Pacífico Occidental y Central (WCPFC), una Organización Regional de Pesca (ORP). Según el WCPFC, los observadores han informado en múltiples ocasiones de intimidación y de solicitudes de la tripulación para no informar de algunas irregularidades.
A nivel mundial, sólo cuatro de las 17 ORP, incluida WCPFC, tienen algún protocolo para la muerte o desaparición de un observador.
La directora Ejecutiva de la Asociación de Observadores Profesionales, "ha habido al menos 14 muertes de observadores pesqueros en la última década, pero ni una sola investigación legítima".
A este respecto, añade que en el papel, la WCPFC parece proteger a los observadores, pero la realidad es que "todavía están desapareciendo".
Para la ONG, algunas de las causas que facilitan la impunidad son la falta de cumplimiento por parte del Estado 'del pabellón' del barco (donde está registrado el buque), la falta de aplicación de las normas de las organizaciones regionales de pesca y la falta de transparencia de estos procesos.
Finalmente, la ONG considera que este tipo de prácticas son ejemplo de que es necesario un mayor control en las pesquerías. La pesca no controlada es una de las amenazas de los océanos y depende de todas las personas protegerlos.
"Necesitamos la firma del Tratado Global de los Océanos, pospuesta por la crisis del coronavirus, para crear una red de santuarios marinos que cubran, al menos, un tercio de los océanos del mundo para 2030. Se trata de un acuerdo fundamental para defender la biodiversidad, ayudar en la lucha contra el cambio climático y proporcionar seguridad alimentaria a miles de millones de personas. Nuestro destino y el destino de los océanos están íntimamente relacionados", reclama la ONG internacional.
