BRUSELAS, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Abogada General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) Juliane Kokott ha concluido que los tribunales nacionales tienen la competencia de controlar, a petición de las personas afectadas, si la ubicación de los puntos de muestreo de calidad del aire de una determinada zona cumplen con los requisitos establecidos en la normativa comunitaria.
Además, la letrada ha determinado que se estarán superando los valores máximos de dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, partículas, plomo, benzeno y mónoxido de carbono "tan pronto como ello suceda en una sola estación de muestreo", sin tener que esperar a que ocurra calculando la media de los datos registrados en todos los puntos de muestreo.
Estas conclusiones, que todavía no son definitivas a la espera de una sentencia firme al respecto, responden a las preguntas planteadas por la Justicia belga después de que varios habitantes de Bruselas y la organización medioambiental ClientEarth iniciaran un litigio contra las autoridades regionales el Instituto para la Gestión del Medio Ambiente de Bruselas.
En concreto, el tribunal de Bruselas que elevó la causa al TUE desea aclarar en qué medida los tribunales nacionales pueden controlar la ubicación de los puntos de muestreo y si se puede obtener un valor medio con los datos de distintos puntos de muestreo para evaluar el cumplimiento de los valores máximos.
Con respecto a la primera duda, Kokott propone al TUE que responda que los tribunales nacionales deben analizar, a petición de los afectados, si los puntos de muestreo están ubicados conforme a los criterios establecidos en la normativa europea sobre calidad del aire. En caso contrario, los jueces deberán adoptar "todas las medidas necesarias" para que dichos medidores se ubiquen correctamente.
La Abogada General añade además que la ubicación de los medidores debe determinarse de manera que proporcione datos sobre las áreas en las que se registren las concentraciones más altas de dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, partículas, plomo, benzeno y mónoxido de carbono.
Las autoridades competentes, continúa, gozan de discrecionalidad sobre "diversas cuestiones científicas complejas", pero subraya que la legislación europea "exige cierto control judicial" para garantizar "la protección de la vida y salud de la población local".
Sobre la segunda pregunta, Kokott entiende que el objetivo de la directiva de proteger la salud humana "aboga claramente por que el cumplimiento de los valores" máximos "sé evalúe sobre la base de los resultados de las mediciones de los puntos de muestreo fijos, sin necesidad de establecer un valor medio".
