Recoge que el Estado, CC.AA y ayuntamientos destinen un 20% de su PGE anual a acciones de impacto contra este fenómeno
MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -
El PP ha registrado este viernes en el Congreso su proposición de ley de Cambio Climático y Transición Energética, un texto que ha elaborado la exministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, y que se había comprometido a presentar antes del verano.
Este texto, incluye los objetivos para España en materia de reducción de emisiones, tanto a 2030 como a 2050. En el primer caso, la norma pone como meta una reducción de, al menos, un 26 por ciento, mientras que esta cifra se eleva al 80 por ciento cuando se habla de los valores a cumplir en 30 años.
Además, se pretende que el objetivo de energías renovables en el consumo final aumente hasta el 32 por ciento en 2030, y hasta el 32,5 por ciento en lo que respecta a la mejora del valor energético total.
Para lograr estas cifras, explica el PP, se deben tener en cuenta los factores medioambientales y socioeconómicos del país, entre ellos el grado de interconexión con otros estados miembros de la UE. Del mismo modo, estos objetivos se deben incluir en los planes integrados de energía y clima que se presentan a la UE cada diez años y que podrán ser revisados si cambian los compromisos internacionales o europeos.
Del mismo modo, la ley propone la elaboración de un plan de adaptación a este fenómeno para "hacer frente a los efectos del mismo" y que tenga en cuenta la asistencia de grupos sociales y sectores especialmente vulnerables. También se exigirá un plan de adaptación a las comunidades autónomas, que deberán tener en cuenta la salud, el agua y la agricultura.
UN INFORME ECONÓMICO DEL BANCO DE ESPAÑA
"Para financiar toda esta adaptación al cambio climático, se establece que todas las administraciones públicas, locales, autonómicas y general, deben destinar al menos un 20 por ciento de su presupuesto anual a actuaciones con impacto positivo en la lucha contra el cambio climático", ha explicado en rueda de prensa la portavoz 'popular' en esta materia, Belén Bajo.
Del mismo modo, ha señalado que se propone que "toda la normativa que se apruebe por Consejo de Ministros por todas las administraciones públicas" deben integrar la variable de cambio climático en términos de mitigación, adaptación, y coste-beneficio.
El Banco de España deberá elaborar también un informe, cada dos años, en el que explique el estado de la economía española y el sistema financiero frente a los riesgos y vulnerabilidades y oportunidades relacionadas con el cambio climático. "Este informe recogerá recomendaciones, será publicado y será remitido al Congreso", ha apuntado la diputada.
EJEMPLO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
La ley también incluye medidas sobre fiscalidad ambiental. En este caso, se determina la necesidad de una reforma en este sentido para "mejorar la aplicación del principio 'quien contamina, paga'" y que contemple cargas fiscales para aquellas actividades que incrementen las emisiones de gases de efecto invernadero o aumenten la vulnerabilidad de la economía española y de sus ecosistemas. Si por el contrario, la actividad contribuye a la reducción de emisiones, tendrá un incentivo fiscal.
"Las administraciones públicas deberán de dar ejemplo, tanto en las contrataciones, como en los planes de reducción de emisiones o en la compra y uso de vehículos para el impulso de la descarbonización de la economía española", ha apuntado Bajo.
Finalmente, la ley propone la creación de un Observatorio de Cambio Climático y Transición Energética que estará formado por expertos de reconocido prestigio que servirá de asesoramiento de las políticas y medidas que se vayan aprobando en esta materia.
