MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Comisión para la Transición Ecológica en el Senado ha aprobado con los votos del PP y el PSOE y sin aceptar las enmiendas del resto de los grupos el proyecto de ley por el que se modifica la Ley de Evaluación Ambiental, la Ley de Montes y la Ley que regula el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
El texto remitido por el Congreso de los Diputados se someterá al debate del pleno del Senado la próxima semana y de ser aprobado sin modificaciones se remitirá al Boletín Oficial del Estado para su publicación y entrada en vigor al día siguiente.
El proyecto de ley modifica varios aspectos de la Ley de Evaluación Ambiental para incorporar la nueva directiva sobre evaluación del impacto ambiental de cara a reforzar el análisis de prevención de amenazas y desafíos medioambientales y refuerza los aspectos de prevención.
En concreto, la Directiva que se incorpora a través de su transposición en este proyecto de Ley incorpora la novedad de que el promotor de un proyecto esté obligado a incluir en el estudio de impacto ambiental un análisis sobre la vulnerabilidad de los proyectos ante accidentes graves o catástrofes, sobre el riesgo de que se produzcan dichos accidentes o catástrofes y sobre los probables efectos adversos significativos sobre el medio ambiente en caso de que ocurra.
Al mismo tiempo, rebaja la posibilidad de que el Consejo de Ministros excluya a un proyecto determinado del trámite de evaluación de impacto ambiental a "casos excepcionales, mediante acuerdo motivado del Consejo de Ministros" o del órgano de cada comunidad autónoma, a los supuestos en los que la aplicación de la evaluación de impacto ambiental tenga efectos perjudiciales para la finalidad del proyecto.
Por ejemplo, se refiere la ley "expresamente" a los casos de obras de reparación de infraestructuras dañadas a consecuencia de acontecimientos catastróficos.
El texto incorpora una disposición adicional para incluir en el procedimiento de evaluación ambiental a todas las actuaciones del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en proyectos que deban ser autorizados de acuerdo con el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas.
En el marco de este proyecto de Ley, se han incluido asimismo dos disposiciones adicionales. La primera de ellas aprovecha para modificar la Ley de Montes vigente para cumplir con una sentencia del Tribunal Constitucional que estimaba parcialmente un recurso de la Junta de Andalucía relativa a los Caminos Naturales por un conflicto competencial.
La segunda de ellas, tendrá forma, en la disposición final tercera que modifica la Ley que regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero para definir las especialidades propias del régimen administrativo sancionador y adaptar los planes de seguimiento de operadores aéreos.
Durante la defensa del proyecto de Ley, la senadora del PSOE Fuensanta Lima asegura que la aprobación del texto permitirá a España cumplir con la trasposición de la Directiva Europea casi un año después del fin del plazo que concedía la UE a los Estados miembro. Además, ha celebrado que se hayan pactado diferentes partes del texto para proteger mejor el medio ambiente.
Lima considera que aprobar la iniciativa permitirá conseguir una regulación "más eficaz" del proceso de evaluación y aumentar la coherencia y sinergias con otras legislaciones de la UE y servirá para reforzar el estudio de impacto ambiental como un instrumento preventivo, al tiempo que presta más atención a la eficiencia de los recursos y preservará "mejor" la Red Natura 2000.*
"Con la aprobación nos retamos a cuidar el medio ambiente ante las generaciones que nos sucederán", ha concluido.
Por su parte, el senador del PP, Juan Carlos Álvarez Cabrero, ha recordado que el texto inicial quedó paralizado por la moción de censura, lo que motivó la apertura de un expediente sancionador a España precisamente por no trasponer la directiva.
Álvarez Cabrero defiende que el nuevo texto refuerza la salvaguarda del patrimonio natural y arqueológico y da mayor seguridad porque las autorizaciones o denegaciones de los permisos deberán quedar "claramente" motivados y justificados y asegura que los encargados de realizar las evaluaciones de impacto ambiental tienen los conocimientos y la formación adecuada.
Por último, ha explicado el voto favorable del PP a la iniciativa socialista por "lealtad y responsabilidad" porque la aprobación de este proyecto de ley, en su opinión, es "bueno y necesario" para el desarrollo ordenado de la política nacional "independientemente del cabreo por la situación política actual de esperpento creada" de la que acusa a los socialistas.
