MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -
Los 200 millones de euros comprometidos para la puesta en marcha del Pacto de Estado contra la Violencia de Género estarán activos este miércoles 4 de julio, el mismo día en el que el proyecto de los presupuestos generales entren en vigor tras su publicación este martes 3 de julio en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Con la entrada en vigor de las cuentas del Ejecutivo, los 200 millones podrán comenzar a ejecutarse, entre otras cosas, para implantar las 213 medidas que se contemplan en este acuerdo rubricado por el Parlamento y aprobado el pasado mes de diciembre.
El proyecto de ley inicial --presentado por el anterior Gobierno de Mariano Rajoy antes de que prosperase la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa-- incorporaba una partida de 80 millones de euros que correspondían a la Administración central. El Gobierno subrayó entonces que otros 100 millones corrían a cargo de las comunidades autónomas y 20 millones a los ayuntamientos, al tiempo que incidió en que el proyecto incrementaba la financiación autonómica y local en 4.200 millones.
Tras las reiteradas quejas y peticiones de la oposición, el Congreso finalmente alcanzó un acuerdo para incluir la dotación de 200 millones de euros para luchar contra la violencia de género, insistiendo en que era lo previsto en el pacto de Estado que hablaba de una partida "finalista" para combatir la violencia machista. El documento incluye el compromiso de 1.000 millones de euros para los próximos cinco años, es decir, 200 millones anuales a repartir entre Administración Central (80 millones), comunidades autónomas (100 millones) y ayuntamientos (20 millones).
Tras acordarse que los 200 millones figuren en el Pacto de Estado, y tras recibir el proyecto de ley la luz verde definitiva, los 200 millones podrán empezar a ejecutarse a partir de mañana.
El Pacto contra la violencia machista fue aprobado con el voto a favor de todas las fuerzas políticas, a excepción de Unidos Podemos que se abstuvo. Los morados alegaron que no podían apoyar un documento que, a su juicio, no tenía todas las medidas necesarias para luchar contra esta lacra, ni tampoco el dinero necesario para ponerlas en marcha.
MÁS DE 200 MEDIDAS
Entre las más de 200 medidas del documento destaca la extensión de la definición de violencia de género a todas las contenidas en el Convenio de Estambul --matrimonios forzosos, mutilaciones genitales, trata o violencia sexual-- y la consideración de víctimas para las madres cuyos hijos han sido asesinados por sus parejas o exparejas.
También se establece el carácter "imperativo" de la suspensión del régimen de visitas en todos los casos en los que el menor hubiera "presenciado, sufrido o convivido" con manifestaciones de violencia. E, igualmente, se suprime la atenuante de confesión en delitos de violencia de género, cuando las circunstancias de los hechos permitan atribuir fehacientemente su autoría.
Además, se recoge la articulación de unidades de apoyo local que ayuden a mujeres que pudieran estar siendo víctimas, la formación de profesionales sanitarios que las atienden y la inclusión, en los protocolos de actuación sobre violencia de género, de un epígrafe específico para la atención de las agresiones contra mujeres transexuales o transgénero.
Del mismo modo, llama a crear una Mesa de Coordinación Estatal sobre Violencia Sexual que impulse medidas de prevención y concienciación sobre esta forma de violencia de género, así como una Ley Integral de lucha integral y multidisciplinar contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. También contempla la elaboración de un estudio sobre las nuevas realidades de la trata y las respuestas operativas que deben implementarse.
REFORMAS LEGISLATIVAS
Con el cambio de Gobierno, la responsabilidad de aprobar la primera reforma legislativa adscrita al Pacto de Estado contra la Violencia de Género pasó a manos del Ejecutivo socialista, debido a que el Ejecutivo de Mariano Rajoy la dejó pendiente durante su último mandato.
Antes de prosperar la moción de censura, el anterior Gobierno tenía previsto presentar "próximamente" la modificación de la Ley de Medidas de Protección Integral del año 2004 que, entre otras cosas, contemplaba ampliar el concepto de violencia de género e incluía la suspensión imperativa del régimen de visitas a los maltratadores. De hecho, fuentes del Ministerio de Sanidad confirmaron a Europa Press que el anteproyecto iría a Consejo de Ministros durante el mes de mayo, sin embargo, finalmente no ha visto la luz.
