SEVILLA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -
El 30 por ciento de los menores que se encuentran en los centros de protección de la Junta de Andalucía son menores inmigrantes no acompañados que han llegado de forma irregular a Andalucía, una nueva situación que ha provocado un desborde en la capacidad de la Administración autonómica por la que se ha pedido en numerosas ocasiones ayudas al Gobierno central y a la UE.
De hecho, en una entrevista concedida a Europa Press, la consejera para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, señaló que, antes del nuevo fenómeno migratorio, algunos centros específicos de menores estaban vacíos e incluso otros iban a cerrar, como el Manuel de Falla de Jerez de la Frontera (Cádiz). "No es una cuestión de falta de recursos sino de que hay muchos menores", defendió la consejera.
Así, ante la actual situación, la consejera señaló que "ningún país se puede permitir acoger de manera ilimitada a las personas que vayan llegando, pero por cuestiones humanitarias no se puede dejar a nadie en la calle, sobre todo, si hablamos de menores". No obstante, Navarro vio progresos en los últimos meses a raíz de que el Gobierno elevara a categoría de Estado la inmigración y aseguró que, "por primera vez, se ha planteado de forma seria que se aborde este fenómeno".
En cuanto a la posible devolución de los menores con sus familias de origen, "ya que no tienen un desamparo afectivo sino falta de recursos socioeconómicos en su estructura familiar", Navarro abogó por los programas de cooperación con las familias y con los gobiernos de los países de origen, fundamentalmente Marruecos y que de esta forma los menores puedan vivir en su entorno.
No obstante, recordó que ésta no es competencia del Gobierno andaluz sino del Gobierno, de la Fiscalía y los cónsules. "Nosotros ponemos a disposición del Gobierno toda la documentación necesaria para que se inicien los trámites, que entendemos que sean lentos porque se trata de menores, pero desde 2003 no se ha producido ni una sola repatriación en Andalucía", lamentó.
En este sentido, aseguró que "llevamos desde hace unos años con un número de expedientes importantes puestos a disposición para que estos menores que tenemos sean reagrupados con sus familias y se garantiza, no sólo el cumplimiento de los requisitos que requiere la ley, sino también que tienen un contacto permanente con sus familias".
50.000 EUROS DIARIOS
Sin embargo, más de 700 menores inmigrantes continúan en los centros residenciales de la Junta, lo que conlleva para la Administración andaluza un gasto de 50.000 euros diarios. Más allá de estas circunstancias, Navarro resaltó la "frustración" de estos menores que venían con un objetivo claro, trabajar, y se encuentran con que la ley en España lo prohíbe hasta los 16 años.
"Ningún menor que llegue por debajo de los 16 puede trabajar, niñas llegan menos y lo que quieren es estudiar pero, fundamentalmente, los menores son chicos y vienen a trabajar y aunque se incorporan al ámbito educativo y formativo, ellos lo que persiguen es mandar dinero a sus familias", expuso.
ESCAPADAS
La consejera andaluza se mostró segura de que estos menores "quieren volver con sus familias" pero apuntó que, desde la Junta de Andalucía, no se tiene competencias, lo que provoca una situación que, en ocasiones, se traduce en las escapadas de los centros.
"Como los centros no son cerrados, se escapan e inmediatamente, como con otros menores del sistema de protección, presentamos la denuncia a la Policía para que lo busque porque aquí somos su familia; sin embargo y aunque la mayoría son localizados, algunos se escapan porque a lo mejor tienen a un referente familiar en Cataluña o Francia y lo que quieren es llegar".
CENTROS EN MARRUECOS
De otro lado, preguntada sobre la construcción específica de centros de menores en Marruecos, como ha llevado a cabo la Comunidad de Madrid y proyectan otras comunidades y el Estado español, señaló que el compromiso de Andalucía por el momento es "cooperación y ayuda técnica y económica para el desarrollo de los programas, más que la construcción concreta de un centro".
"Yo he dicho siempre que comparto que se hagan, pero para los menores que carezcan de una estructura familiar normalizada. Me parece muy injusto que los menores que tenemos aquí en los centros tengan que volver a otro centro e institucionalizarlos cuando tienen una familia que lo único que carecen es de medios económicos", subrayó.
Por ello, señaló que la Administración autonómica desarrollará estos programas de cooperación al desarrollo, de apoyo socioeducativo y laboral, para ayudar a estas familias y aplazó la construcción de centros. "Son una opción más, pero en estos momentos según los acuerdos que han firmado Marruecos y España, el compromiso de Andalucía es el asesoramiento técnico de cara a la formación de personal que atendería a estos menores", concluyó.
