MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -
Unos 40 activistas que fueron víctimas de abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia católica de diferentes países, entre ellos, dos españoles, acudirán a Roma la última semana de febrero, coincidiendo con la reunión del Papa Francisco con los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo, para protestar ante los obispos por la respuesta de la Iglesia ante los casos de abusos y para pedirles que adopten las recomendaciones de la ONU.
Uno de los españoles que acudirán es Miguel Hurtado, que cuando tenía 16 años sufrió abusos sexuales por parte de un monje de la Abadía de Montserrat, Andreu Soler, unos abusos que fueron encubiertos por los dos últimos abades, según ha denunciado. La medida que tomó el abad cuando Hurtado denunció los hechos en 1999 fue trasladar al monje a otro centro. Además, años después pagaron una compensación de 7.200 euros a Hurtado para la terapia de ayuda, un dinero que finalmente devolvió porque sentía que estaban "comprando su silencio".
Ahora, Hurtado se plantea la opción de presentar una "queja formal" ante el Vaticano por no haberse abierto en su caso un juicio canónico. "El compromiso de Francisco, del Vaticano y de los obispos no me lo creo. Lo único que puede funcionar es el activismo, la protesta, que estemos todas las víctimas en Roma demandando cambios muy concretos", ha precisado Hurtado este lunes 21 de enero en declaraciones a Europa Press.
Además, ha rechazado que ahora se diga que los obispos tienen que reunirse con las víctimas pues cree que después no toman medidas. "¿Para qué? Yo con el abad de Montserrat me he reunido en dos ocasiones y ahora resulta que me entero por la prensa que en 20 años no hicieron juicio canónico, por lo tanto, no hay una sentencia ya sea condenatoria o absolutoria. Reunirse para intentar calmar a las víctimas, que no denuncien o no acudan a los medios, eso no sirve de nada", ha declarado.
Precisamente, ante la reunión convocada por el Papa Francisco que se celebrará del 21 al 24 de febrero en el Vaticano para abordar el problema de los abusos, la red Ending Clergy Abuse (ECA) ha movilizado a las víctimas de estos abusos, que se darán cita también esa misma semana en Roma para contar sus casos en ruedas de prensa, llevar a cabo acciones de protesta y demandar a la Santa Sede que implemente las recomendaciones que les dio en 2014 el Comité de la ONU sobre Derechos del Niño.
Entre estas recomendaciones, insisten en la importancia de que "se notifiquen todos los casos que se denuncian a la Policía, que entreguen a las autoridades civiles los archivos internos --que los activistas denominan 'archivos de la perversión'--, que se sancione a los obispos, cardenales y abades que encubran casos de pederastia y que la jerarquía católica haga 'lobby' a favor de eliminar los plazos de prescripción de estos delitos".
Cuando a los 21 años Hurtado se planteó denunciar, el abuso ya había prescrito por la vía civil y, por tanto, solo podía acudir a la propia Abadía de Montserrat, que tampoco abrió ninguna investigación, según denuncia.
Por ello, Hurtado lanzó hace tres años una campaña a través de la plataforma Change.org por medio de la cual ha recogido más de 400.000 firmas para pedir al Gobierno español que los delitos no prescriban hasta que la víctima cumpla al menos 50 años, hasta 65 años para los casos más graves. En el anteproyecto de Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia se establece que los delitos no prescriban hasta que la víctima cumpla 30 años.
