MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -
Los españoles coinciden en la necesidad de habilitar un sistema estatal para asistir a las personas que no se valen por sí mismas, tal y como prevé la Ley de Dependencia. Sin embargo, se produce una clara división en la opinión pública respecto a si el Estado debe hacerse cargo del coste íntegro de esta nueva prestación, o si sólo debe sufragar el gasto para aquellas personas que no tengan recursos suficientes para disfrutar de este servicio. Una encuesta del CIS revela, además, que el 82 por ciento de quienes atienden a personas dependientes son familiares, y que las ayudas públicas no pasan del 10 por ciento de cobertura.
Según el Barómetro de Mayo del Centro de Investigaciones Sociológicas, publicado hoy, y que dedica buen a parte de su cuestionario a la Ley de Dependencia, sólo un 35 por ciento de los encuestados declara haber oído hablar de esta norma, y un 77 por ciento de este porcentaje la considera muy o bastante positiva. Para un 61,2 por ciento de los encuestados, garantizar la asistencia a los ciudadanos en situación de dependencia es derecho que el Estado debe hacer posible, y para el 34,6 una obligación familiar que el Estado debería ayudar a cumplir.
Existe una clara división en torno al alcance de la financiación del futuro sistema estatal de dependencia. Así, el 47,9 opina que la Administración debe asumir esos gastos al igual que ocurre con los gastos sanitarios, pero es un 44,6 por ciento el que, por el contrario, estima que la Administración sólo debería ayudar económicamente a los afectados que no tengan ingresos suficientes. Pensando en cómo deben financiar los servicios, el 56,7 por ciento de los españoles cree que lo más justo es que los afectados paguen una parte de los servicios, en función de sus recursos, y el resto se pague con impuestos; mientras el 38,1 defiende una financiación pública exclusiva.
CASI TODOS, AL CARGO DE FAMILIARES
La encuesta, realizada sobre 2.500 entrevistas, revela además que un 15,3 por ciento de consultados tienen en su familia una persona dependiente. En un 81,9 por ciento de los casos son atendidas por familiares, mientras un 6,3 por ciento no recibe ayuda, y un 5,2 por ciento está al cargo de una persona remunerada. Las ayudas no están muy extendidas. Al 10 por ciento de dependientes les llegan ayudas de la comunidad autónoma, al 8,9 de la Administración central y sólo al 5,2 del Ayuntamiento.
Una amplia mayoría, el 88 por ciento, declara estar muy o bastante de acuerdo con la posibilidad de que a los familiares que cuidan de personas dependientes les sea reconocido el derecho a recibir un sueldo por esta labor, asi como a la Seguridad Social. Y es que al 48,4 por ciento de encuestados les parece que, cuando sea posible, es mejor que una persona en situación de dependencia o discapacidad, esté al cuidado del familiar. Un 41,4 por ciento opina que el cuidado debe provenir mejor de un profesional.
