MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, afirmó hoy que "lo normal" es que el Tribunal Constitucional (TC) rechace el recurso que tiene previsto presentar el Partido Popular (PP) contra la ley del aborto, puesto que las leyes son aprobadas por los "representantes legítimos".
En una entrevista concedida a la Cadena Ser y recogida por Europa Press, Caamaño argumentó que el tribunal sólo suele suspender una norma "cuando se da un conflicto entre la ley de la Comunidad Autónoma y la ley del Estado" para que las autoridades competentes sepan a cuál de ellas deben atenerse.
"La ley es la norma que aprueban los representantes legítimos de los ciudadanos, por tanto la ley no se suspende como regla general y así lo entiende el Tribunal Constitucional", añadió el responsable de la cartera de Justicia, en referencia al recurso que presentarán los 'populares' con el fin de que el TC suspenda cautelarmente la conocida como 'ley Aído' por los "perjuicios irreparables" que podría causar de ser finalmente declarada contraria a la Constitución.
Asimismo, Caamaño defendió el trabajo del TC en lo que se refiere a la reforma del Estatuto catalán, alegando que "está trabajando respecto a las reglas de juego que da la ley". Además, destacó la situación en la que éste se encuentra al entender la opinión pública que el Estatuto se trataba de "una reforma encubierta de la Constitución". "Eso coloca ya al TC ante el mayor recurso de su historia", explicó.
Por otra parte, el ministro comentó que "afortunadamente en esta legislatura la modernización de la justicia es una prioridad", gracias a que el Gobierno entiende que ello es "clave" para salir de la crisis. Por este motivo, destacó que las aportaciones se van a mantener "por lo menos este año, aunque podría haber algún ajuste en 2011".
CASO GARZÓN
Por último, Caamaño defendió la necesidad de "dejar trabajar a los jueces y tribunales" en lo que respecta al cese del magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón porque, recordó que "los tiempos jurídicos no son iguales que los políticos".
En este sentido, destacó que este asunto se encuentra en una fase inicial. "Ahora empezará el juicio y esperaremos a que dicten sentencia", añadió, al tiempo que defendió que una democracia joven como la española debe "aprender de las experiencias" y darse cuenta que "lo coherente es que no pueda mantenerse por sí sola una acusación popular cuando el ministerio público o las víctimas consideran que no hay delito".
