Aborto.- Hoy se lleva a Consejo de Ministros el informe que recomienda aborto libre en las primeras 14 semanas

Actualizado: viernes, 6 marzo 2009 7:58

Aído anuncia que el anteproyecto de ley se presentará antes del verano

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Hoy se lleva a Consejo de Ministros el informe del Comité de Expertos, equipo de personas que asesora al Gobierno sobre la reforma de ley del aborto, que propone que las interrupciones puedan ejercerse libremente en las 14 primeras semanas de embarazo, según anunció ayer en rueda de prensa la ministra de Igualdad, Bibiana Aído.

En el texto del grupo de expertos se plantea ampliar el límite hasta 22 semanas cuando exista un grave peligro para la vida o salud de la embarazada y cuando se detecten graves anomalías en el feto. En ambos casos, debe constar un dictamen médico con anterioridad a la intervención por un médico especialista distinto del que practique la operación.

Según explicó uno de los expertos, el doctor Javier Martínez Salmeán, la decisión de la mujer en el periodo de 14 semanas debe ser "libre e informada". "Habrá que informar a la mujer sobre las ventajas de continuar con el embarazo por escrito y con tiempo para que decida", añadió.

"PARTO INDUCIDO" CON MÁS DE 22 SEMANAS

Asimismo, señaló que por encima de las 22 semanas no se estaría hablando de aborto, sino de un parto inducido en el entorno de la medicina perinatal. En el caso de malformaciones incompatibles con la vida y que se han diagnosticado más allá del límite de las 22 semanas, los expertos proponen que la interrupción se pueda hacer hasta el final.

Por otra parte, el comité considera que el reconocimiento de la interrupción voluntaria del embarazo debe regularse en la futura ley y no en el Código Penal. Es decir, que "en ningún caso" las mujeres que decidan interrumpir su embarazo "podrán ser castigadas con penas de prisión".

Según la jurista María Duran, la propuesta de los expertos pasa por la despenalización del aborto para la mujer y por atenuar las penas a terceros y que en ningún caso se establezca prisión. En este sentido, la ministra Aído afirmó que el Gobierno tiene claro que "ninguna mujer que se someta a un aborto podrá ser penada con cárcel". Sin embargo, añadió que se perseguirán los abortos "no consentidos e ilegales".

ABORTO SIN AUTORIZACIÓN A PARTIR DE LOS 16 AÑOS

Los expertos también recomiendan que se reconozca la autonomía en la decisión a las jóvenes a partir de los 16 años sin que sea necesaria la autorización de sus padres o tutores. La ministra justificó esta postura diciendo que una joven de esa edad "puede casarse, mantener relaciones sexuales, tener hijos y responsabilidad penal". En todo caso, matizó que se trata de "una propuesta a tener en cuenta por el Gobierno".

Por otra parte, plantean que la objeción de conciencia no sea un obstáculo en el acceso de las mujeres a esta prestación sanitaria en el sistema público de salud.

Además, las conclusiones recogen que la nueva regulación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) debe ir acompañada de una estrategia general sobre salud sexual y reproductiva con el objetivo de prevenir embarazos no deseados, que incluya el derecho a la educación sexual, el derecho a la reproducción y el acceso en condiciones de equidad a los métodos de control de la natalidad. En este punto, Martínez Salmeán defendió la dispensa de la píldora postcoital sin necesidad de receta médica y de preservativos gratuitos.

AÍDO: "TAMBIÉN SE TRATA DE PROTEGER AL NO NACIDO"

Según la titular de Igualdad, con la reforma no se pretende hacer "una ley más permisiva, sino una ley más segura". "Se trata de garantizar a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo que puedan hacerlo con total libertad y seguridad jurídica dentro de unos plazos y en unos supuestos bien definidos", añadió.

También afirmó que la ley pretende proteger la vida del no nacido, "cuando ya puede, según criterio científico, vivir con independencia de su madre, y de garantizar que los médicos y el personal sanitario puedan hacer su trabajo con seguridad". Con todo calificó la futura legislación en materia de aborto como "moderna, equilibrada y necesaria" al tiempo que añadió que con ella "no perderá nadie y ganarán todos".

"CRITERIOS FUNDAMENTALISTAS"

Ante las voces críticas que han surgido en torno a la iniciativa del Gobierno, Aído afirmó que el Ejecutivo "no puede seguir en ningún caso criterios fundamentalistas de ninguno de los extremos". "Un gobierno responsable tiene la obligación de proponer normas para toda la ciudadanía, de encontrar equilibrios", agregó.

Asimismo, agregó que "nadie quiere que la tendencia de embarazos no deseados se consolide" al tiempo que aclaró que la solución "no es la IVE". "Queremos menos intervenciones y más garantías, no más intervenciones y menos garantías como sucede hoy", agregó.

El anteproyecto de ley se presentará antes del verano, según anunció la ministra de Igualdad, que destacó que hoy hace seis meses y un día que fue anunciada la comisión de expertos que ha analizado en cinco sesiones conjuntas la legislación internacional sobre la IVE para elaborar su informe.

MIEMBROS DEL COMITÉ DE EXPERTOS

En la rueda de prensa de presentación del equipo de trabajo, el pasado mes de septiembre, Aído destacó el "alto nivel científico e intelectual" del Comité de Expertos, mientras que las organizaciones pro vida denunciaron "la falta de pluralidad" del grupo porque "todos los miembros son destacados proabortistas".

El comité está compuesto por: José Luis González Cussac, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Jaume I de Castellón; Elena Arnedo Soria, ginecóloga y ex concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid; Javier Martínez Salmeán, jefe del servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Severo Ochoa de Leganés; María Durán Febrer, abogada y jurista especializada en violencia de género; José María Bedoya Bergua, catedrático de Ginecología y Obstetricia de la Universidad de Sevilla; Consuelo Catalá Pérez, antigua responsable del área de Salud del Instituto Valenciano de la Mujer y primera presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo; Francisco Donat Colomer, catedrático de Enfermería Materno Infantil de la Universidad de Valencia; Patricia Laurenzo Capello, catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Málaga.

Como representantes del Gobierno, también formaron parte José Luis Rodríguez Álvarez, director general de Coordinación Jurídica del Ministerio de Presidencia; Justino Zapatero Gómez y Viviana Caruso Fontán, asesores del Ministerio de Justicia; José Martínez Olmos, secretario general de Sanidad; y Concepción Colomer, directora del Observatorio de Salud de la Mujer.