MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -
El PSOE ha solicitado en el Congreso la comparecencia de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, en la Comisión parlamentaria de Igualdad, para que informe de las "previsiones del Gobierno en materia de derechos sexuales y reproductivos y, en concreto, de la reforma de la legislación relativa a la interrupción voluntaria del embarazo".
Precisamente, el titular de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón, que trabaja de manera conjunta con la cartera de Sanidad a la hora de realizar dicha reforma normativa, adelantó este fin de semana que el Ejecutivo pretende revisar uno de los tres supuestos establecidos en la normativa de 2010, de forma que el hecho de que un feto tenga malformación no sea un supuesto por el que las mujeres puedan abortar y hasta ahora recogido en la ley.
Así, la secretaria segunda de la Comisión de Igualdad del Congreso, Ángeles Álvarez, ha reclamado la necesidad de que el Gobierno explique por qué quiere eliminar las prestaciones específicas en materia de salud sexual y reproductiva.
Es más, ha manifestado su "preocupación" por este recorte a la libertad sexual de la mujer y a decidir sobre su maternidad porque, a su juicio, "abocará a las españolas a la clandestinidad cuando deseen interrumpir su embarazo y a una situación de riesgo sanitario".
En su opinión, estas medidas afectan, una vez más, a los más vulnerables, porque las mujeres pudientes viajarán al extranjero, mientras que el resto se verán obligadas a abortos clandestinos e inseguros.
Para la diputada socialista, estos recortes suponen también un "atentado a la libertad de las mujeres que las aboca a mantener embarazos no deseados, incluso cuando se demuestren grandes malformaciones en el feto".
SATISFACER DEMANDAS DE INTEGRISMO RELIGIOSO
Para el Grupo Socialista no se trata sólo de la introducción del aborto en el Código Penal, sino que, detrás de estas decisiones, existe una "voluntad de limitar el acceso de las mujeres a las contracepción de emergencia", así como "satisfacer las demandas del integrismo religioso".
Por último, Ángeles Álvarez ha lamentado que esta medida haga que España salga del grupo de países europeos que reconocen derechos sanitarios en materia de interrupción voluntaria del embarazo.
