Los forenses dictaminan que las lesiones de la víctima tienen un claro carácter homicida y que el autor no sufre trastorno mental alguno
VALLADOLID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -
Las acusaciones públicas ejercidas por el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado y la particular mantuvieron hoy peticiones de pena de 18 años de cárcel, como así coincidieron las dos primeras, y de 20, en el caso de la tercera, para el hombre de origen rumano I.B. como autor del asesinato de su ex novia, M.V, a la que asestó el 22 de septiembre de 2008 un total de 17 cuchilladas en los servicios de la empresa Derivados y Sistemas Metálicos (Desime), ubicada en Pedrajas de San Esteban (Valladolid) y donde ambos trabajaban.
En la tercera y última sesión del juicio celebrado en la Audiencia de Valladolid por el procedimiento de jurado popular, las tres acusaciones fueron unánimes al considerar "abrumadoras" las pruebas que acreditan que la muerte de M.V, quien había convivido cuatro años con su verdugo y había roto la relación siete meses antes de los hechos, fue acometida por el acusado de forma "sorpresiva y alevosa", con lo que la fallecida no tuvo la más mínima opción de defenderse.
Por un lado, los acusadores hicieron suyo el informe de los forenses para mantener que todas y cada una de las lesiones que recibió la víctima tenían un claro carácter homicida, no sólo por la "zona vital" a la que fueron dirigidas, ya que ocho de las 17 contabilizadas acribillaron la zona del cuello, sino por la violencia con la que fueron realizadas, como atestigua que la hoja del cuchillo de cocina empleado quedara doblada en ángulo recto.
Una de las heridas de la zona izquierda del cuello era mortal de necesidad ya que, como así establecieron los forenses, la hoja del cuchillo atravesó de parte a parte la laringe y seccionó numerosos vasos que provocaron una intensa hemorragia. La sangre entró en las vías respiratorias y la víctima murió por asfixia, desenlace que igualmente se hubiera producido en el supuesto de que la mujer hubiera sido asistida al momento.
Además, las acusaciones insistieron en que la mujer, dado el carácter sorpresivo e inesperado del ataque, tan sólo pudo defenderse pasivamente tratando de taparse la zona del cuello con sus brazos, de ahí las lesiones que aparecieron en ambas extremidades superiores. Sus esfuerzos fueron vanos pues, como así incidieron los acusadores, no había escapatoria puesto que la agresión se produjo en el reducido cuarto del retrete, una auténtica "trampa o ratonera", en palabras del fiscal, con lo que M.V. no tuvo tiempo siquiera de cerrar la puerta ni de enfrentarse a él activamente.
Con respecto al arma homicida, que el autor confeso asegura que se la encontró sobre el botiquín, las acusaciones rechazaron tal versión y sostuvieron que era propiedad de I.B, afirmación que cimentaron no sólo en el testimonio de dos trabajadoras y el gerente de la empresa, que negaron haberlo visto antes, sino en el hecho de que la Guardia Civil halló uno idéntico en el vehículo del procesado.
ESPERABA TRAS LA PUERTA
Los hechos, tal y como aseguran los coacusadores que se produjeron, tienen su origen en los celos que I.B. sentía tras la ruptura de la relación con su ex pareja, hasta el punto de que comenzó a someterla a una "persecución y atosigamiento para que volviera", y al no conseguirlo decidió acabar con la vida de su ex compañera.
Para ello, sobre las 13.15 horas del 22 de septiembre de 2008, aprovechó el momento en que ella entró en los servicios de la factoría para seguirla y esperarla a que abriera la puerta del cuarto del retrete, momento en que la sujetó con un brazo mientras la cosía a cuchilladas con el otro.
Para las tres partes, la plena imputabilidad del acusado a efectos penales es clara, pues el informe psiquiátrico elaborado por los peritos concluye que no padece trastorno mental alguno y que, por tanto, cuando cometió el crimen lo hizo en pleno uso de sus capacidades volitivas y cognoscitivas.
Por ello, solicitaron al jurado que condenara al reo por delito de asesinato, con la imposición de penas de entre 18 y 20 años de cárcel y el pago de indemnizaciones de 120.000 euros para la hija de la víctima, con la particularidad de que tan sólo la acusación particular incluye alternativamente el homicidio, por el que pidió una pena de 17,5 años de cárcel, frente a los 15 que inicialmente interesaba por ese delito.
Frente a ellos, la defensa mantuvo su petición de 10 años de privación de libertad para su patrocinado por entender que los hechos son constitutivos de un delito de homicidio, con las atenuantes de arrebato u obcecación y confesión.
En las próximas horas está previsto que el magistrado presidente de la sala entregue al jurado, compuesto por siete varones y dos mujeres, el objeto del veredicto o cuestionario al que tendrán que responder para dictaminar la suerte del acusado.
