MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -
La modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) en el Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, que se vota este miércoles en el Pleno del Senado, "no permite el tratamiento de datos personales para la elaboración de perfiles basados en opiniones políticas".
Así lo ha indicado este miércoles la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), al tiempo que ha agregado que "tampoco permite el envío de información personalizada basada en perfiles ideológicos o políticos".
"El proyecto sólo permite, conforme al Considerando 56 del Reglamento Europeo de Protección de Datos, la recopilación por parte de los partidos políticos de datos personales relativos a opiniones políticas para obtener información que les permita pulsar las inquietudes de los ciudadanos con el fin de poder darles respuesta en sus propuestas electorales", ha manifestado.
El organismo estatal ha detallado que esta interpretación se fundamenta en la supresión del término "tratamiento" recogido en la enmienda 331 inicialmente presentada en el Congreso de los Diputados, y que este criterio se basa, asimismo, en la supresión del apartado 2 de dicha enmienda, que permitía la difusión de propaganda electoral basada en perfiles ideológicos con determinadas garantías.
Asimismo, la Agencia ha aclarado que el texto "permite el envío de propaganda electoral sin que su contenido pueda basarse en los perfiles antes citados, identificando en cualquier caso su naturaleza electoral y garantizando el ejercicio sencillo y gratuito del derecho de oposición".
"En todo caso, las previsiones del artículo recogido en el Proyecto de ley deben cumplir todas las garantías establecidas en el Reglamento Europeo de Protección de Datos", ha subrayado el organismo que preside Mar España.
En el texto del proyecto, recogido por Europa Press, se añade un nuevo artículo cincuenta y ocho bis, con el contenido siguiente, en el que se establece que "la recopilación de datos personales relativos a las opiniones políticas de las personas que lleven a cabo los partidos políticos en el marco de sus actividades electorales se encontrará amparada en el interés público únicamente cuando se ofrezcan garantías adecuadas".
Además, el nuevo artículo indica que "los partidos políticos, coaliciones y agrupaciones electorales podrán utilizar datos personales obtenidos en páginas web y otras fuentes de acceso público para la realización de actividades políticas durante el periodo electoral".
De este modo, indica que el envío de propaganda electoral por medios electrónicos o sistemas de mensajería y la contratación de propaganda electoral en redes sociales o medios equivalentes "no tendrán la consideración de actividad o comunicación comercial".
"Las actividades divulgativas anteriormente referidas identificarán de modo destacado su naturaleza electoral", destaca el artículo, que establece también que se facilitará al destinatario "un modo sencillo y gratuito" de ejercicio del derecho de oposición.
Por su parte, la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) ha pedido al Gobierno la retirada del artículo. "El problema no es sólo que se pueda realizar publicidad personalizada sin autorización sino que se permite recopilar información por toda la Red sobre la ideología de los votantes para elaborar bases de datos sin su consentimiento, bases de datos que el Reglamento General de Protección de Datos prohíbe expresamente", ha argumentado.
Según critica la CECU, el Congreso de los Diputados "ha dado el consentimiento por todos los ciudadanos sin consultar ni informar a los interesados". "Pero además, una vez finalizada la campaña electoral, quién va controlar qué se hace con esos datos o a quién se facilitan? ¿Quién y cómo se garantizará que esas bases de datos elaboradas por la empresas contratadas al efecto no harán un uso ilícito de las mismas?", ha cuestionado.
Finalmente, ha insistido en que "la creación de tales bases de datos no puede tener más que consecuencias negativas para los ciudadanos" y ha exigido que la creación de las mismas "sea a partir del consentimiento expreso e informado de cada ciudadano". "En caso de que el artículo se apruebe, pedimos a los partidos que, por ética política, se abstengan de realizar esas bases de datos", ha zanjado.
