MURCIA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Coordinadora 'la Región de Murcia No se Vende' exigió hoy que "el patrimonio de los condenados por corrupción urbanística se destine, en la medida que sea posible, a restaurar el medio ambiente dañado con sus actuaciones, y en lo que no sea posible restaurar para actuaciones de mejora medioambiental, cultural o social de las localidades afectadas".
Asimismo, celebró la "acción de la Justicia", en relación a las detenciones que la Policía Nacional efectuó el pasado miércoles en el municipio de Los Alcázares, en el marco de la operación 'Ninette', aunque lamentó que "con su retraso, gran parte de los daños medioambientales generados por la corrupción son ya irreversibles".
Y es que, a juicio de la coordinadora, "estas corrupciones son fruto del modelo económico impuesto por el Gobierno regional basado en el monocultivo del ladrillo", y puso de manifiesto que "han encontrado el marco idóneo para producirse en la ley regional del suelo y en la utilización sistemática de la figura del convenio urbanístico".
De este modo, argumentó que "con independencia de las diferentes formas de reaccionar de los partidos políticos con cargos implicados en los casos de corrupción, éstos son responsables de incluir en sus listas a personas, o bien susceptibles de venderse o ya imputadas judicialmente, lo que les convierte en políticamente de lo que sus cargos públicos hacen, para lo bueno y para lo malo".
Es por ello por lo que exigió, a través de un comunicado de prensa, a los partidos "con imputados la dimisión o expulsión inmediata de todos los alcaldes, concejales y diputados imputados en casos de corrupción".
Igualmente, se hizo un llamamiento a la ciudadanía "a organizarse contra la corrupción, a expresar públicamente su desprecio y rechazo a estas actuaciones", y pidió "mecanismos de participación y control democráticos en los ayuntamientos para dificultar la acción de los corruptos".
Por último, demandó al Ejecutivo murciano "la derogación inmediata de la Ley Regional del Suelo, las Directrices del Litoral y la Orden de 12 de noviembre de 2007 de la Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio sobre Evaluación Ambiental Estratégica, por considerarse el marco jurídico idóneo para la corrupción urbanística que asola la Región".
