MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, se ha reunido este miércoles 22 de agosto con las organizaciones en defensa de los consumidores y usuarios de representación nacional con el objetivo de "trasladarles la intención del Gobierno" de dar "visibilidad" al consumo, así como para llevar a cabo el diseño y ejecución de "políticas y prioridades" de consumo a tarvés d ela puesta en marcha de la dirección General de Consumo.
Al encuentro han acudido organizaciones como ADICAE, ASGECO, AUC, CECU, FACUA, FUCI, HISPACOOP, OCU, UNAE y ASUFIN. Además, la ministra ha estado acompañada durante la reunión por el Secretario General de Sanidad y Consumo, Ricardo Campos Fernández y la directora de AECOSAN, Marta García Pérez.
En declaraciones a los medios a la salida de la reunión, la ministra ha aludido al cambio de nombre del Ministerio con el fin de que el consumo "estuviera visible en las políticas". Para ello, durante la reunión, la ministra ha trasladado a los representantes de las principales asociaciones de consumidores la creación de la dirección general de Consumo en la nueva estructura del ministerio. "Consumo es una parte esencial de la agenda política del Gobierno, para lo que estará dotado de identidad propia y, por ello, de reconocimiento político y de estructura específica", ha asegurado.
Asimismo, Montón ha señalado que en la reunión se ha estudiado la introducción de "conceptos nuevos" como son el de "consumidor vulnerable" y "consumo responsable" y ha destacado que, durante la misma, se han "trasladado prioridades" y se ha "diseñado conjuntamente" la agenda de consumo para los años de legislatura del Gobierno.
En esta línea, el portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Enrique García, ha señalado en declaraciones a Europa Press que la asociación ha instado a la ministra que "aproveche" la presencia de una ley en el Congreso que modifica la circunstancia de los consumidores para que se "recoja" la definición de "consumidor vulnerable".
"Es algo que lleva recogido en las directivas europeas desde 2009 y es importante que se incluya en la legislación española y se desarrolle una política de protección", ha matizado. Además, el portavoz de la OCU ha solicitado que exista una normativa que contemple también la obsolescencia programada, al considerarlo algo "necesario" y "urgente".
CONSEJO DE CONSUMO
Por otro lado, la ministra ha expresado la intención de su departamento de desarrollar una estrategia destinada a proteger los derechos de los consumidores, en especial de aquellos más vulnerables, combatiendo la igualdad y garantizando la seguridad y la libertad de elección de la ciudadanía para el consumo.
Esta estrategia se desarrollará a través de distintos objetivos como son, entre otros, garantizar a las personas consumidoras sus derechos en relación a los bienes y servicios a su disposición en el mercado o garantizar una alta calidad en el acceso a mecanismos de resolución alternativa de conflictos y litigios que sean independientes, imparciales, transparentes, efectivos, rápidos y justos.
Además, la ministra ha hecho alusión a la voluntad del Gobierno de "tener una labor de diálogo permanente y de búsqueda de soluciones conjuntas". En esta línea, ha anunciado la puesta en marcha "próximamente" de la constitución del Consejo de Consumidores, un organismo al que, según asegura, se quiere dar "relevancia" y "protagonismo" desde el Gobierno.
Por su parte, FACUA-Consumidores en Acción ha reclamado a la ministra de este departamento que su ministerio asuma competencias sancionadoras ante los fraudes masivos, según ha informado la organización en un comunicado.
A la reunión con la ministra ha acudido, en representación de FACUA, la secretaria general de la asociación en Madrid, Marian Díaz, que ha planteado a Montón la necesidad de cambios "prioritarios" en la ley general "para la defensa de los consumidores y usuarios por los que el Ministerio de Sanidad y Consumo asuma competencias sancionadoras ante los fraudes masivos, aquellos que afecten a consumidores de varias o todas las comunidades autónomas".
Asimismo, la secretaria general de FACUA Madrid ha instado a Montón que su ministerio "emprenda acciones en los tribunales contra las empresas que están cometiendo grandes fraudes contra los consumidores". "Las acciones judiciales del ministerio que tiene las competencias en materia de protección de los consumidores han sido inéditas dutante las últimas legislaturas tanto del PP como del PSOE", ha recordado.
INDEMNIZACIONES POR ABUSOS
De igual modo, la representante de FACUA ha señalado que, a su juicio, "el derecho de los consumidores a recibir indemnizaciones cuando sufren abusos es otra de las prioridades que debería marcarse el Ministerio de Sanidad y Consumo".
Según FACUA, en la actualidad, cuando un usuario es objeto de incumplimientos contractuales, publicidad engañosa o el cobro de servicios no prestados, puede instar al cumplimiento de las condiciones contratadas y a la devolución de las cantidades cobradas de forma irregular, pero la legislación de defensa de los consumidores no le reconoce el derecho a ser compensado económicamente.
La organización denuncia que estas compensaciones sólo existen en un "reducidísimo" número de sectores, como el aéreo o el de las telecomunicaciones, donde además las cuantías "son ridículas", al tiempo que han hecho un llamamiento a la revisión de las mismas.
Por su parte, el portavoz de la OCU ha hecho referencia a la existencia de un marco sancionador a nivel europeo para aquellas empresas que "lamentablemente" consideran "más barato incumplir la ley" que "hacerle frente". "Es necesario abordarlo para que las sanciones sean efectivas y supongan un estímulo de cumplimiento", ha añadido.
Por el contrario, el presidente de la Asociación de usuarios de Bancos, cajas y seguros (ADICAE), Manuel Pardos, ha destacado que la organización "no comparte" las posiciones en defensa de las sanciones a empresas por ser algo, a su juicio, "completamente peregrino" y que "no resuelve nada" cuando se trata de grandes empresas. "No estamos de acuerdo con que el ministerio lleve a juicio a las empresas, eso es una barbaridad, no se corresponde con nada europeo ni nada sensato", ha subrayado.
Así, el presidente de ADICAE le ha pedido a la ministra la tramitación de una Ley de Transparencia de Contratos que, según ha recordado, fue aprobada en el Congreso de los Diputados "por todos los grupos a excepción del PP".
Esta ley, asegura Pardos, "resolvería estructuralmente" todos los problemas que ha habido con Europa y el Tribunal Europeo, puesto que propone "un gran cambio" para que sea España la que "interprete la ley que afecta el consumo".
Por último, el presidente de ADICAE ha enfatizado que España "tiene una gran ley de consumo" pero que "se ha aplicado mal" por lo que, a su juicio, la puesta en marcha de esta ley solventaría los asuntos de consumo "para los siguientes 20 o hasta 50 años".
