El Defensor del Pueblo reprocha a la Administración su "falta de colaboración" por no enviarle información requerida sobre el caso
OVIEDO, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -
Unos padres residentes en Gijón, Vicente Villanueva, de 41 años, y Josefina Larralde, de 37 años, acumulan casi 18 meses sin ver a cinco de sus hijos, tres niños de 16, 9 y 5 años y dos niñas de 11 y 8 años, que se encuentran en centros tutelados por el Principado de Asturias. La decisión de prohibirles las visitas la tomó la Consejería de Bienestar Social por resolución del 4 de octubre de 2007, al entender que los contactos con sus progenitores son "negativos" para los menores.
La resolución del Principado ha sido avalada por los tribunales, incluida la Audiencia Provincial de Oviedo, según las sentencias a las que ha tenido acceso Europa Press, al desestimar la pretensión de los padres de poder tutelar y ver a sus hijos. Sin embargo, la versión de los padres es muy distinta y afirman que están viviendo un "auténtico infierno" por no poder ni siquiera ver a sus hijos.
De hecho, acudieron a los tribunales en primera instancia, pero la sentencia, de 30 de junio de 2008 no les dio la razón, fundamentándose en un informe psicosocial. Los padres recurrieron a la Audiencia Nacional que, en sentencia de 17 de diciembre de 2008, desestimó su petición, aunque no les impuso las costas.
Fue en 2002 cuando el Principado retiró a esta familia, que tiene siete hijos, la tutela de todos los niños y se decidió su ingreso en distintos centros. Hoy, dos de aquellos niños, un chico de 20 años y una chica de 18, ya viven con sus padres al haber alcanzado la mayoría de edad.
La Consejería detectó una situación de "abandono" de los menores el 30 de julio de 1997, con unos informes que detectaban un alto índice de absentismo escolar y "dejadez total". Según consta en la sentencia de la Audiencia Provincial, el 12 de febrero de 2001 se emitió un informe en el que se apuntaba la situación de "desamparo" en la que estaban viviendo los hijos. El 13 de marzo de 2001 se emitió un nuevo informe y se dio audiencia a los padres, quienes en ningún momento asumieron esa situación de desamparo, oponiéndose a la asunción de la tutela por parte de la Administración. El 9 de mayo de 2001 se aprobó un plan de intervención para colaborar con la familia, pero el 26 de noviembre se emitió un nuevo informe que seguía apuntando el alto índice de absentismo.
Finalmente, mediante resolución de 2 de julio de 2002, la Consejería de Bienestar Social declaró en situación de desamparo a todos los menores, asumiendo la tutela y decidiento su ingreso en centros de acogida.
Los menores llegaron a pasar las vacaciones con sus padres en junio de 2004 y posteriormente tuvieron lo que se denomina el régimen de día, pernoctado con sus padres. Sin embargo, según recoge la sentencia, cada vez que se dio un paso adelante con vistas a la reunificación familiar, la reacción de los progenitores fue de "total desatención".
La Audiencia Provincial fundamenta su negativa a otorgar a los progenitores la posibilidad de visitar a sus hijos en que el ejercicio de los padres en las visitas era "pernicioso" y "negativo" para los propios niños a quienes "predisponían contra los educadores". De hecho, califica a las visitas como "encuentros casuales que solo sirven para desestabilizarles".
Sin embargo, la Audiencia Provincial no impuso las costas del juicio a los padres, debido a la naturaleza controvertida y "las dudas de hecho que puedan albergar unos progenitores biológicos acerca de su idoneidad para asumir la guarda y custodia de sus hijos".
VERSIÓN DE LOS PADRES
En cualquier caso, la versión de los padres es muy distinta. Así, el padre, Vicente Villanueva, cree que la verdadera razón de que les prohibiesen ver a sus hijos fue el hecho de que cuando fueron a una de sus visitas vieron a uno de sus hijos con un gran moratón en la barbilla. Según su versión, no le había atendido ningún médico, por lo que le sacaron unas fotos y decidieron llevárselas a un médico para que las viera. "A partir de ahí, dicen que somos agresivos y nos quitaron las visitas", señaló.
Una de las motivos para no devolverles la tutela es que los tribunales establecen que la resolución de 2002 está vigente, porque los padres no reclamaron a los hijos en el plazo legalmente establecido. Pero Vicente Villanueva afirma que nadie les informó que debían hacerlo. "No lo hicimos porque no lo sabíamos", explicó.
Además, dijo que están muy preocupados por el tratamiento que reciben sus hijos. En uno de los casos, explicó que uno de ellos les llamaba por teléfono de madrugada porque decía que le habían echado del piso donde vivía. Vicente Villanueva relató que cuando acudía al citado inmueble comprobó cómo las educadoras no le abrían la puerta y "le dejaban en la calle durmiendo".
Toda esta situación, explicó Vicente Villanueva, les está haciendo mucho daño, incluso a nivel físico. Así, dijo que su mujer tuvo un ataque al corazón en la calle, hace nueve meses que atribuye al disgusto de estar separada de sus hijos. "Está con pastillas y con depresión, en dos meses adelgazó casi 20 kilos", afirmó. "Yo no quiero verla morir porque no puede ver a sus hijos", sentenció.
La propia Josefina Larralde relató que ha pasado de la talla 44 a la 36. Afirmó que está muy preocupada por la salud y la seguridad de sus hijos y que se siente "impotente". "Esto no se lo deseo a nadie", lamentó.
DEFENSOR DEL PUEBLO
La preocupación de los padres también les ha llevado a presentar su caso al Defensor del Pueblo, quien se interesó por el asunto requiriendo información al Principado de Asturias.
Pero según consta en una contestación del Defensor del Pueblo emitida el 24 de febrero de 2009 y firmada por Manuel Ángel Aguilar Belda, la información fue requerida en varias ocasiones al Principado, sin que hubiese respuesta.
Esa "falta de colaboración", según consta en la respuesta provocará que, en su caso, se proceda a incluir a la Consejería de Bienestar Social del Principado en el informe de gestión que se eleva actualmente a las Cortes Generales, pudiendo asimismo dar lugar a la iniciación de las acciones que sobre la responsabilidad de las autoridades y funcionarios contempla la Ley, "mediante el traslado de estos hechos al Ministerio Fiscal".
