VIGO, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -
Un juzgado de primera instancia de Vigo ha dictado un auto de ejecución provisional de una sentencia, que obliga al Ayuntamiento de la ciudad a pagar 420.000 euros a La Fe Compañía de Seguros, propietaria del conocido como edificio Asefal, por impago de alquiler desde enero de 2011 hasta junio de 2012.
Según la resolución, del 8 de enero de 2014, que ha hecho público el grupo municipal del PP, el Ayuntamiento debe afrontar la ejecución parcial de una sentencia anterior y pagar a La Fe 414.000 euros en concepto de rentas impagadas e intereses ordinarios, más otros 6.000 euros en concepto de intereses y costes de la ejecución.
De hecho, los servicios jurídicos del propio Ayuntamiento emitieron un informe dirigido a la Junta de Gobierno Local, en el que afirman que "debe procederse por la Intervención-Tesorería Municipal" al pago de esa cantidad, así como a la entrega de un certificado de bienes municipales, que también reclama el juzgado, con el fin de proceder en caso de impago al embargo de esos bienes.
La sentencia favorable a La Fe, de julio de 2013, fue recurrida por el Ayuntamiento ante la Audiencia Provincial, que todavía no ha resuelto al respecto. No obstante, el juzgado de primera instancia ha dictado la orden de ejecución provisional de esa sentencia, en un auto contra el que "no cabe recurso alguno".
SENTENCIA
En julio de 2012, la compañía de seguros presentó una demanda por impago contra el Ayuntamiento de Vigo, aduciendo que no había percibido las rentas correspondientes al período entre enero de 2011 y junio de 2012. En el proceso judicial, la administración local alegó que había comunicado a la propietaria del inmueble su intención de rescindir el contrato y dejar el edificio a partir de enero de 2011.
Sin embargo, la juez considera que el contrato siguió en vigor porque, si bien el Ayuntamiento comunicó su intención de dejarlo y entregar las llaves, lo cierto es que varias entidades siguieron teniendo su sede en el edificio Asefal (la Fundación Axencia Intermunicipal da Enerxía de Vigo, Faimevi; la fundación Carlos Casares; y el Instituto de Estudios Vigueses).
El Ayuntamiento olívico llegó a alegar que esas instituciones hacían uso del edificio sin su consentimiento y que la demanda debía dirigirse contra ellos, pero la juez consideró que la administración local viguesa seguía siendo el arrendatario. Tampoco aceptó la magistrada la propuesta municipal de pagar solo por los espacios que ocupaban estos tres organismos (un alquiler de 100.000 euros), ya que el contrato se había hecho para todo el edificio.
Por ello, el juzgado emitió una sentencia en la que condenaba al consistorio olívico a pagar 389.000 euros, más los intereses legales desde la presentación de la demanda, así como las costas judiciales. Posteriormente, el 8 de enero de 2014, emitió un auto de ejecución provisional de esa sentencia.
CRÍTICAS DEL PP
El grupo municipal del PP ha calificado estos hechos como una "grave negligencia" del gobierno local y un ejemplo de "lo que el alcalde le cuesta a esta ciudad". Así, el concejal Antonio Bernárdez ha señalado que este expediente pasó hace días por la Junta de Gobierno Local, pero que Abel Caballero no informó de él "porque no le es favorable".
Los populares han exigido explicaciones al regidor que, según han recordado, "va de campeón" y "alardea" de su gestión económica, al tiempo que "calla" informaciones como ésta, cuando los ciudadanos deben estar informados, sobre todo "cuando se trata de una cantidad tan elevada".
Por su parte, el concejal de Fomento, el socialista David Regades, ha evitado manifestarse públicamente sobre la resolución judicial, y se ha limitado a apuntar que la sentencia de julio está recurrida y que, como no es firme, "el Ayuntamiento no tiene la obligación de pagar".
