BARCELONA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Consell de Ciutat de Barcelona, que es el máximo órgano de participación de la ciudad, ha probado este lunes solicitar el aumento del control de Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca y que se erradique cualquier práctica abusiva, pero no se suma a la demanda de la plataforma 'Tancarem el CIE de Barcelona' y no pide su cierre.
El CIE es un centro no penitenciario donde también se interna a personas por el hecho de no tener papeles antes de ser expulsados de forma definitiva del Estado.
La mayoría de los reclusos del CIE son extranjeros --muchos de ellos que llevan años viviendo en el país-- y más de la mitad no tiene antecedentes, pese a que se encuentran en el mismo espacio que otros que sí los tienen y que esperan a ser deportados a su país.
Pese a que la ley establece una estancia máxima en el centro de 60 días --prevista sólo para los casos excepcionales--, mientras se producen los trámites de extradición, el acta del Consejo recoge que de los 1.584 retenidos en Barcelona en 2013 se expulsaron a 729, es decir, el 54%, lo que a juicio del órgano municipal, "cuestiona la propia razón de existir y de los motivos por los que se interna durante ese periodo a personas que, finalmente, pueden regularizar su situación o que por cuestiones de derecho internacional no pueden ser extraditadas".
Destacan también que en los ocho años de existencia del CIE de Barcelona han habido "situaciones irregulares que han provocado la preocupación de la ciudadanía y las entidades del ámbito migratorio".
El texto aprobado refiere a las denuncias por abusos y agresiones por parte de los agentes que custodian el centro, destacando las cuatro muertes que han tenido lugar en su interior: dos por suicidio y otras dos por infarto y enfermedad "extremadamente infrecuente en hombres jóvenes".
Ante esta realidad, el Consell trasladará al pleno del consejo municipal que se han conocido numerosas situaciones que generan incertidumbre y malestar sobre su funcionamiento y ponen en duda el cumplimiento de las mínimas garantías para un colectivo de personas de la ciudad sin situación administrativa en regla, hecho que supone una falta administrativa y no un delito penal, pese a que se castiga con la privación de libertad.
También trasladará que la regulación de los movimientos migratorios deben regirse por el respeto escrupuloso a los derechos humanos por lo que el consejo rechaza cualquier actuación que se fundamente en el castigo, la reclusión sin garantías la represión sobre los migrantes; que sienten una profunda preocupación por la realidad que describen las entidades; que los indicios y sospechas a través de las denuncias son incompatibles con un Estado de derecho.
Piden, además, la implicación activa abordando en el seno de la Comisión de trabajo sobre el CIE los aspectos relacionados con la transparencia de la actividad de las condiciones del centro, la posibilidad de impulsar la firma de convenios para la prestación de servicios de asistencia social a los internos, así como organizar visitas de los representantes políticos y las entidades.
Piden que en esta Comisión deben haber miembros policiales, de las asociaciones de Derechos Humanos y un representante del Consell de la Ciutat.
Es la primera vez que el Consell de Ciutat lleva al pleno del ayuntamiento un tema después de que se aprobara en el ultimo pleno el 31 de octubre el nuevo reglamento de este órgano.
