MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -
CCOO, junto a las patronales del sector de la dependencia (FED, LARES y AESTE), que conforman el Observatorio del sector y del empleo del VII Convenio de la Dependencia, ha denunciado que más de 100.000 dependientes grandes y severos no reciben prestación económica, un 12 por ciento del total de beneficiarios con prestación reconocida.
En este sentido, destacan que en los últimos cuatro años ha aumentado "considerablemente" el número de dependientes grandes y severos que están a la espera de recibir la prestación económica que les corresponde.
Según indican, en 2014 se contabilizaban 89.012 personas con Grados II y III pendientes de recibir prestación, frente a las 107.334 de 2018, lo que supone un incremento del 20,6 por ciento, "consecuencia del brutal recorte económico que afecta al número de personas pendientes de recibir prestación en el período 2014-2018", según añade CCOO.
Además, en base a los datos que publica mensualmente el IMSERSO, señalan que el reparto de los recursos "pone de manifiesto que lo que en todo momento se articuló como una Ley de Servicios Profesionales se ha visto desvirtuada en la práctica con la remisión a la realización de cuidados en el entorno no profesional".
Actualmente, indican que 396.225 personas, el 31 por ciento de las prestaciones reconocidas, reciben la cuantía establecida para los cuidados familiares, quedando el porcentaje restante dividido entre la Prevención de la Dependencia y Promoción de la Autonomía Personal (51.251 personas), Teleasistencia (215.084 personas), Ayuda a Domicilio (226.324 personas), Centros de Día/Noche (93.956 personas), Atención residencial (162.885 personas), P.E. Vinculada al Servicio (122.748 personas), P.E. Asistente Personal (6.706 personas).
En cuanto a la cobertura del SAAD, destacan que las prestaciones económicas en el entorno familiar, en valores absolutos, han vuelto a aumentar desde septiembre de 2014. "El modelo de atención domiciliaria y de prevención sirve de excusa para adoptar decisiones en clave de control del gasto público, en detrimento de una atención individualizada que no se produce", precisa.
Asimismo, consideran que tras 12 años de vigencia de la Ley "parece fundamental una revisión de la financiación entre las Administraciones Públicas que equipare las aportaciones de los financiadores públicos, manteniendo en todo caso su naturaleza finalista, la garantía del acceso a las personas en situación de dependencia y la sostenibilidad del Sistema".
En cuanto los profesionales del sector, calculan que son unos 330.000, de los que alrededor de 190.000 prestan servicio en el sector residencial y unos 140.000 en servicios sin alojamiento. De cara al futuro prevé un crecimiento de empleo de 283.000 personas más: 160.000 en residencias y centros de día o noche y 123.000 en ayuda a domicilio y teleasistencia.
