Chad.- El fiscal de Abéché admite que existe "un vacío legal" en Chad respecto al delito de tráfico de menores

Actualizado: jueves, 1 noviembre 2007 14:53

MADRID, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El fiscal del Estado en Abéché (este de Chad), Ahmad Daoud Chari, admitió hoy que existe un "vacío legal" en el país que impide que los detenidos por el intento por parte de la ONG francesa 'El Arca de Zoé' de llevar a Francia a 103 menores puedan ser juzgados por tráfico de menores, lo que podría afectar el proceso iniciado en su contra.

Los nueve franceses --seis miembros de la ONG y tres periodistas-- han sido acusados formalmente de secuestro de menores con el objetivo de cambiar su estatus civil, es decir, darles nuevos padres, un delito que acarrea una pena de 5 a 20 años de trabajos forzados.

"No hay otras penas en el capítulo de secuestro del Código Penal más duras que la que elegimos", admitió Chari, en declaraciones a la agencia de noticias de Naciones Unidas IRIN. "Nuestro Código Penal es limitado, no cubre muchas infracciones, hay un vacío", añadió.

Por su parte, Papa Babacar Ndiaye, de la Oficina de la ONU sobre Drogas y Delitos (UNODC) para Africa Occidental y Central en Chad, indicó que el "vacío" en la legislación provocar varios obstáculos. "El inconveniente es que uno puede cometer un delito muy grave --tráfico de menores figura entre los más serios-- y luego ser castigado por un delito inferior", explicó a IRIN.

Según Ndiaye, los cargos de secuestro tendrán como resultado penas inferiores en caso de condena, sino que será más difícil condenar a alguien por ellas. "Puede ser más fácil para un investigador demostrar tráfico de personas que demostrar secuestro", resaltó.

En este sentido, indicó que aunque todavía no se ha confirmado, se especula con que los niños podrían haber sido entregados de forma voluntaria por sus familiares a la ONG francesa, en cuyo caso el cargo de secuestro sería difícil de demostrar. La legislación sobre el tráfico de personas normalmente incluye el reclutamiento ilegal de menores de padres "vulnerables" que acceden a entregarlos porque no pueden atenderles, precisó.

Además, agregó Ndiaye, una condena por tráfico de menores también autoriza a las autoridades a incautarse de cualquier bien empleado en la comisión del delito, lo que puede disuadir de que se repitan incidentes similares.

FALTA DE LEGISLACIÓN

La UNODC ha estado abogando por la adopción de leyes nacionales que contemplen el delito del tráfico de menores desde que la Asamblea General de la ONU adoptó el Protocolo para Prevenir, Suprimir y Castigar el Tráfico de Personas, especialmente Mujeres y Niños, en 2000. Para que el protocolo sea vinculante debe ser adoptado como ley nacional.

Sin embargo, Chad no ha firmado el protocolo, si bien es parte de otras convenciones internacionales que tratan el tráfico de menores de alguna forma. Así firmó un plan de acción regional contra el tráfico de personas en 2006, pero éste no ha sido integrado en la legislación chadiana.

"Es una cuestión de retraso en los procedimientos", explicó el ministro de Justicia, Pahimi Padacké Albert, a IRIN. "Está en proyecto", añadió, precisando que la comisión para la reforma judicial, inactiva durante años, fue reactivada hace dos meses y está revisando todas las leyes chadianas para incorporar las convenciones internacionales al Código Penal.

Según el ministro, aunque una ley sobre tráfico de menores "podría haber ayudado" en el caso del 'Arca de Zoé', la situación puede abordarse desde la legislación actual.

Según UNODC, sólo dos de los once países de Africa Central, Gabón y Guinea Ecuatorial, tiene leyes específicas contra el tráfico de menores. En Africa Occidental, incidentes en el pasado han atraído una atención y presión creciente, por lo que trece de los 16 países tienen leyes en la materia.