BARCELONA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Parlament ha convalidado este miércoles el decreto del Govern que modifica el Código de Consumo e impide cortar el suministro de electricidad y gas de noviembre a marzo a personas vulnerables económicamente, con el apoyo de CiU y ERC, la abstención de PSC, PP y C's, y el 'no' de ICV-EUiA y CUP.
CiU y ERC también han aprobado que esta reforma se haya promovido mediante un decreto en vez de un proyecto de ley, como han pedido el resto de grupos parlamentarios.
La consellera de Bienestar Social y Familia, Neus Munté, ha asegurado que el Govern pretende combatir el fenómeno de la pobreza energética, y que prueba que la Generalitat da prioridad a los asuntos sociales.
Pere Bosch (ERC) ha asegurado que el decreto no permite condonar pero sí aplazar la deuda de los usuarios con las empresas suministradoras, y ha destacado que, según el Idescat, en 2011 casi un 26,7% de familias de Cataluña estaban en situación de pobreza energética: "La Generalitat no tiene competencias más allá de actuar por la vía de la defensa de los consumidores", ha añadido.
OPOSICIÓN: SOLO SE APLAZA EL PAGO
El socialista Xavier Sabaté ha apreciado que tanto la luz como la energía son servicios básicos, y que lo único que logra el decreto es "aplazar el pago de la deuda durante unos meses", por lo que no da respuestas a un problema social creciente.
Rafael López (PP) ha sostenido que el Govern actúa "a golpe" de titulares y ha dicho que no se ha concretado un protocolo de actuación, por lo que se desconoce cómo se aplicará este decreto, y ha lamentado que no se haya hecho una campaña para informar a los usuarios.
Desde ICV-EUiA, Laura Massana ha considerado que el decreto es del todo insuficiente y una "burla" porque meses atrás la cámara catalana aprobó un texto más ambicioso en su opinión, mientras que Montserrat Ribera (CiU) ha instado a poner en valor la actuación de un Govern a favor de los más débiles, algo que no ha hecho el Gobierno central ni otros Estados europeos, dice.
Inés Arrimadas (C's) ha recordado que, según Cáritas, un millón de catalanes no encenderá la estufa este invierno por falta de recursos, mientras que Quim Arrufat (CUP) ha asegurado que no puede apoyar una medida de "tregua trampa" porque sólo está en vigor los meses de invierno y la deuda se acumula.
El decreto, que entró en vigor el 1 de enero, fue aprobado por el Ejecutivo catalán después de que el PP recurriera al Consell de Garanties la ley de acompañamiento de los Presupuestos --que preveía esta medida--, retrasando así su aprobación y la entrada en vigor de las medidas y tasas que contemplaba la norma.
Según el texto, se podrán beneficiar quienes forman parte de una unidad familiar con un nivel de ingresos igual o inferior al indicador de la Renta de Suficiencia --a la cual hay que añadir un 30% a partir del tercer miembro--, que no puedan reducir su consumo de bienes e inmuebles, y que acrediten tener contratados los suministros energéticos en la modalidad de tarifas sociales.
