MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -
El grupo parlamentario de CiU en el Congreso de los Diputados ha registrado dos iniciativas en las que solicita que todas las provincias españolas tengan al menos un Juzgado de Familia, de modo que se acabe con la actual "situación perversa y contraria a los principios constitucionales de igualdad", ya que estos tribunales existen sólo en algunos lugares.
En los textos, una proposición no de ley y una proposición de ley, recogidas por Europa Press, CiU pide que al menos uno de estos juzgados esté en la capital de la provincia y que, además, en cada Audiencia provincial haya una sección especializada en temas de familia.
El partido nacionalista catalán hace hincapié en que a día de hoy no existen en todas las capitales de provincia juzgados especializados en asuntos de familia, pero sí en algunas otras poblaciones como Oviedo, Badalona, Baracaldo, Cartagena, Elche, Mataró, Santiago de Compostela, Terrassa o Vigo.
NECESIDAD DE CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS
El grupo denuncia que estos asuntos, que requieren un conocimiento específico de la materia para su enjuiciamiento, son tratados por juzgados no especializados, en los que, además, no existe un Equipo Técnico de apoyo psicológico.
De este modo, CiU reclama reformar la Ley del Poder Judicial para crear la jurisdicción de familia y cambiar la Ley de Demarcación y Planta Judicial --previa propuesta de las comunidades autónomas-- para adecuar sus previsiones a la creación de juzgados y secciones de familia.
Asimismo, solicita que el Gobierno transfiera anualmente a las comunidades autónomas el importe correspondiente a las obligaciones de gasto que suponga para las mismas la creación del orden jurisdiccional de familia. Esta financiación, añade, debe ser suficiente para que los Juzgados de Familia cuenten con equipos de asistencia técnica formados por mediadores, psicólogos y asistentes sociales.
CiU recuerda que, en la anterior legislatura, el Pleno del Congreso tomó en consideración una proposición de ley en este mismo sentido, iniciativa que caducó como consecuencia de la disolución de las Cámaras.
Además, destaca que estos asuntos, relativos a separaciones, divorcios, impagos de pensiones de alimentos, y guarda y custodia de los hijos, deben tomar en serio por parte de los poderes públicos porque afectan a la estabilidad personal, familiar y emocional de las personas.
