MADRID, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -
España preside desde hoy, 1 de enero y durante los próximos dos años, el Comité de Protección Social de la Unión Europea (UE). Concretamente, se ha designado al asesor de la secretaría de Estado de la Seguridad Social Aurelio Fernández como presidente, según informó el Ministerio de Trabajo e Inmigración en una nota de prensa.
El programa de trabajo del Comité durante los dos próximos años incluye la elaboración del Informe conjunto 2009 de la UE sobre protección e inclusión social, la evaluación y continuidad de la Estrategia de Lisboa y el examen del posible impacto social de la crisis económica y financiera.
En 2010, la presidencia del Comité de Protección Social coincidirá con el ejercicio de la presidencia también española de la UE, de manera que España "liderará las acciones de reflexión y el análisis en la estrategia social europea de futuro".
Bajo la presidencia española, el Comité analizará la adecuación de los sistemas de pensiones y sus procesos de reforma, la regulación de las pensiones mínimas y las garantías de ingresos mínimos para los mayores, además de los sistemas privados de pensiones; en materia de inclusión social, abordará el año 2010 como el año europeo de lucha contra la pobreza y la exclusión social; por último, en el ámbito de la protección a la salud, el Comité incidirá en las estrategias de prevención y las cuestiones relacionadas con las desigualdades sanitarias, así como en el impacto del envejecimiento demográfico y en todo lo relacionado con los cuidados de larga duración.
El Comité de Protección Social de la Unión Europea es un órgano de carácter consultivo que tiene como objetivo principal fomentar la cooperación entre los Estados miembros y la Comisión en materia de políticas de protección social. Su actividad principal va encaminada a lograr los objetivos sociales de la UE, para ello pone en práctica el método abierto de coordinación en materia de protección social e inclusión, fundamentalmente en tres ámbitos: pensiones, inclusión social y salud y cuidados de larga duración.
Entre sus tareas generales destaca el seguimiento y desarrollo de los sistemas de protección social; fomentar el intercambio de información, experiencias y buenas prácticas entre los estados miembros; actuaciones como la elaboración de informes y dictámenes, a petición del Consejo, la Comisión o a iniciativa propia
