La Consejería de Asuntos Sociales afirma que estas tasas sólo se cobrarán "a quien pueda abonarlas"
MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Comunidad de Madrid ha establecido tasas de cinco a diez euros por cada servicio prestado en los puntos de encuentro familiar y en los centros de apoyo a la familia, de manera que, por ejemplo, habrá que pagar cinco euros por recoger o entregar a un menor en un punto de encuentro familiar, y diez por una sesión de información, orientación y asesoramiento psicológico en un centro de apoyo a la familia.
La entrada en vigor de las nuevas tasas se produjo el 30 de noviembre, un día después de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), que recoge los precios públicos así como las exenciones.
Conforme a estas nuevas tasas, los usuarios mayores de edad tienen que pagar con anterioridad a la prestación del servicio cinco euros por la entrega y recogida de menores, 7 euros por las visitas sin supervisión y 10 euros por las visitas supervisadas.
Entre otras funciones, estos centros se encargan de dar cobertura a más de 850 familias para cumplir, por orden judicial, los regímenes de visitas de menores cuando la relación entre los padres es conflictiva; o para que los niños puedan ver a sus padres biológicos cuando viven con otras familias en régimen de acogimiento y adopción, siempre bajo permiso judicial.
Aquellas personas que tengan reconocido el beneficio de justicia gratuita, que tengan una medida de protección social por violencia de género, que acudan por derivación de la entidad administrativa competente en materia de protección de menores o que sean perceptoras de la Renta Mínima de Inserción (RMI) estarán exentas del pago de tasas en los puntos de encuentro familiar.
Con respecto a los centros de apoyo a la familia (CAF), donde se ofrecen sesiones de información, orientación y asesoramiento psicológico a la familia, servicio de mediación familiar, de asesoramiento jurídico y de orientación social, se ha establecido una tasa de 10 euros por sesión, a pagar por los usuarios mayores de edad.
En el caso del servicio de mediación familiar, el precio es de diez euros por persona, siempre y cuando ésta sea mayor de edad, con un máximo de 40 euros por sesión, salvo para la primera sesión, que es gratuita.
Los usuarios de este servicio que procedan de los puntos de encuentro familiar y acudan a mediación familiar para llegar a acuerdos que les permitan normalizar el régimen de visitas a los menores están exentos del pago por la sesión informativa y tres sesiones adicionales.
SÓLO PARA "QUIEN PUEDA PAGARLAS"
Las tasas de entre cinco a diez euros establecidas por la Comunidad de Madrid sólo se cobrarán "a quien pueda abonarlas", según han explicado a Europa Press desde la Consejería de Asuntos Sociales que dirige Jesús Fermosel.
Las mismas fuentes han reiterado que los usuarios de estas instalaciones siguen siendo atendidos por los servicios de la Comunidad de Madrid y que las tasas serán únicamente abonadas por aquellos que tengan recursos.
"No se cobrará a ningún usuario que no pueda hacerlo", han insistido desde la consejería, que ha puesto como ejemplo de esta situación a las personas que perciban la renta mínima de inserción, mujeres en situación de vulnerabilidad o sin posibilidad económica.
La actualización de las tasas fue aprobada en julio por el Gobierno regional. Esa misma actualización, explican desde el departamento dirigido por Fermosel, "se ha llevado a cabo prácticamente en todas las comunidades y ayuntamientos".
También la Comunidad se ha referido a las críticas de Jueces por la Democracia, que considera que la Consejería de Asuntos Sociales "está desmantelando" el sistema de puntos de encuentro familiar, ya que "hace unos meses suprimió la mayor parte" y ahora "de forma sorpresiva, condiciona este servicio, gratuito hasta ahora, al pago de unos precios públicos de los que se exceptúa exclusivamente a las familias en situaciones extremas".
La asociación lamenta que sólo se hayan mantenido los centros de Móstoles, Las Rozas y Madrid, provocando "una lista de espera que demora el inicio del cumplimiento del régimen de visitas, dejando además amplias zonas sin esta prestación, ignorando que para alcanzar su finalidad es imprescindible la cercanía al lugar de residencia de los menores".
En este caso, desde la consejería han manifestado su "sorpresa" por estas declaraciones, de las que dicen que caen en la "demagogia", dado que "la mayoría de las decisiones judiciales consideran un punto importante la lejanía a sus domicilios".
