MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Congreso de los Diputados aprobará en el pleno del próximo jueves 23 de noviembre el proyecto de reforma de la Ley del Menor tras su tramitación en el Senado, donde se endureció el texto para que los delincuentes de entre 18 y 21 no se beneficien de las medidas contempladas en esta norma y sean juzgados por la vía de lo penal.
De este modo, la Ley volverá a su redacción original y se aprobará de forma definitiva incluyendo previsiblemente las enmiendas que recibió en la Cámara Alta, según confirmó en declaraciones a Europa Press el diputado socialista, Pedro José Muñoz, a pesar de no contar con el apoyo inicial del PP.
Además, Muñoz destacó que esta Ley debería concitar "el mayor de los acuerdos" aunque no entiende la "incoherencia que han mostrado los 'populares' en la tramitación de dicha norma, ya que fueron "los que más insistieron" en no contemplar a los jóvenes de entre 18 y 21 años para luego votar en contra del texto en el Senado. "Es muy difícil llegar a acuerdos últimamente con el PP", aseveró el diputado socialista.
En otro orden de cosas, Muñoz destacó que el texto final también recogerá el compromiso claro del Consejo de Política Fiscal y Financiero de implementar los medios económicos necesarios para que ésta salga adelante, en materia de recursos o equipos multidisciplinares, entre otros.
SITUACIÓN ACTUAL DEL TEXTO
Tal y como apuntó el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, tras su paso por el Senado, el proyecto recupera la posición inicial del Gobierno para que los delincuentes pasen a la jurisdicción penal a partir de la mayoría de edad y además evitar sobrecargar los juzgados especiales de menores.
En este sentido, la reforma pretende tres objetivos de manera simultanea: reforzar los derechos de ciudadanía, fortalecer el sistema judicial, y aumentar la seguridad "en un mundo incierto y cada vez más inseguro", por el incremento de la delincuencia juvenil. Además, trata de dar respuesta a fenómenos recientes como las bandas, la victimización secundaria o el acoso escolar.
A pesar de que la Ley del Menor es de reciente aprobación (2000), el Gobierno considera necesario revisarla y "ponerla en hora" para especializar la respuesta sancionadora al menor cuando infringe el ordenamiento penal, preservando al mismo tiempo su protección y garantías.
De esta manera, se endurecen las medidas, especialmente para los delitos más graves, se mejora la protección de la víctima, y se potencia la capacidad de la jurisdicción para singularizar la respuesta e incorporar reformas técnicas.
Por otra parte, López Aguilar insistió en que la reforma pretende ofrecer más garantías al proceso, creando la figura del juez de ejecución de las medidas sobre un solo menor; mejorar la protección de la víctima; reconocer la presencia de la acusación particular en la instrucción y enjuiciamiento; y favorecer la integración territorial en el ámbito financiero. Según dijo, la reforma se realiza "de forma reflexiva, con tiempo sin ceder a ninguna demagogia y sin ninguna concesión al populismo punitivo".
PP: EL TEXTO "ESTÁ COJO"
Por su parte, el PP se mostró a favor de la reforma de la Ley pero no en los términos que plantea el Gobierno. De hecho, el senador Carlos Gutiérrez advirtió de que el texto "no es bueno, está cojo y no cuenta con la participación de las comunidades autónomas", a pesar de incluir medidas como la no inclusión de los delincuentes de 18 a 21 años tal y como habían solicitado.
Además, los 'populares' defendían la necesidad de mantener la acusación particular en todo el proceso penal, concretamente en la ejecución de la sentencia; aumentar las medidas cautelares; y aplicar las medidas de la Ley en la franja de edad de entre 12 a 14 años en casos especiales, delitos de especial gravedad y reincidencia. Además denunció la falta de financiación para llevar a cabo las medidas.
