MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Congreso ha aprobado este miércoles, en la Comisión de Transición Ecológica, el proyecto de ley que modifica tres leyes medioambientales: la de Evaluación Ambiental, la de Montes y la ley que regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Este texto, que pasa ahora al Senado, busca la trasposición al ordenamiento jurídico español de la normativa comunitaria en esta materia.
El proyecto de ley, que elaboró el ejecutivo anterior del PP, ha contado con el apoyo de los 'populares', PSOE, Ciudadanos, ERC y PNV. Además, PDeCAT ha decidido abstenerse. Sólo Unidos Podemos ha votado en contra después de que la comisión haya rechazado una de sus enmiendas al texto que consideraban esencial para la aprobación de la norma.
Esta propuesta del grupo confederal llamaba a eliminar un artículo del proyecto de ley que, a su juicio, es "un atajo", tal y como explicó su portavoz, el diputado de Equo Juantxo López de Uralde. Este artículo permite que los proyectos con sentencias contrarias a su informe de evaluación ambiental tienen "vías de compensación", como medidas correctoras o compensación de los impactos previstos . A su juicio, lo que se debería producir es que el informe de evaluación debería rehacerse desde "el minuto 0".
MAYOR PARTICIPACIÓN
Sin esta medida aceptada, el texto que se ha aprobado este miércoles modifica la evaluación de las obras de repercusión social para hacer hincapié en la especial eficiencia del uso de los recursos. Para ello, se introduce la consideración de la vulnerabilidad de los proyectos y procesos adversos sobre el medio ambiente. Además, se elimina, tras ser aceptada una enmienda de Unidos Podemos, la exención que tenían los centros penitenciarios: para construir una prisión también hará falta un informa de impacto medioambiental.
Por otra parte, este proyecto de ley busca potenciar la calidad de la información y la participación pública en los procedimientos de evaluación ambiental y priorizar el uso de los medios electrónicos, para poder garantizar así la participación efectiva de todas las personas interesadas en el procedimiento.
También se recoge la regulación de caminos naturales, para cumplir una sentencia del Tribunal Constitucional, y el comercio de derechos de emisiones de gases de efecto invernadero, que se ha adaptado a la ley europea con una definición más "específica" de las normas del procedimiento sancionador.
