MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso de los Diputados debatirá este jueves la petición de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y de ERC de devolver al Gobierno el proyecto de ley por el que se concede la nacionalidad a los sefardíes.
En concreto, ambos partidos han solicitado al Ejecutivo, en sendas enmiendas de totalidad, que aproveche la oportunidad y que esta ley por la que se concede la nacionalidad española a los sefardíes también se extienda a saharauis, nietos de españoles y moriscos, que fueron expulsados de España en 1610 y actualmente viven en Marruecos y Argelia.
El portavoz de Justicia de la Izquierda Plural, Gaspar Llamazares, y el de ERC, Joan Tardà, resaltaron en rueda de prensa en la Cámara Baja que no se oponen a que se conceda la nacionalidad española a los sefardíes, sino que piden la devolución del proyecto de ley del Ejecutivo para que se extienda esta posibilidad a los colectivos antes mencionados. "Sería una irresponsabilidad no aprovechar este tren que pasa", avisó Tardà.
"No se trata de un desacuerdo con el reconocimiento de la nacionalidad de un colectivo que tiene todo el derecho a que sea reparada una injusticia histórica. Habría que unirle una nueva injusticia, actual, que solamente se reconociera la nacionalidad a los sefardíes y no a los saharauis, que tienen el mismo aprecio por la cultura y el idioma que los sefardíes y una injusticia histórica que no se reconociera a los nietos de españoles", subrayó Gaspar Llamazares.
NO A LA NUEVA TASA DE NACIONALIDAD
Es más, ERC ha planteado un texto alternativo en el que propone la supresión de la tasa de 75 euros que se pone en marcha con este proyecto de ley no sólo para los procesos de adquisición de la nacionalidad de los sefardíes, sino para todos los procesos de nacionalidad.
En defensa de su enmienda de totalidad, Llamazares cree que la reforma que ha planteado el Gobierno es más "una compensación" al Estado de Israel por el voto favorable que España dio al reconocimiento de Palestina en las Naciones Unidas, más que una reparación de una injusticia histórica.
Desde el punto de vista legal, el diputado de izquierdas considera que este proyecto de ley es también una "chapuza legal" porque no aborda una ley de nacionalidad, que España no tiene, sino una serie de "remiendos" en materia de nacionalidad y éste uno de ellos.
Así, apunta que el proyecto de ley desaprovecha la oportunidad de acabar con "la dispersión" legislativa actual y de hacer una ley específica que aborde la regulación del derecho de nacionalidad desde "una visión integral" y en todas sus opciones --pérdida y recuperación, doble nacionalidad, consecuencias de la descolonización--.
"Se desaprovecha la oportunidad de reconocer a los saharauis la nacionalidad española la nivel de otros con nacionalidad latinoamericana o guineana. Es incomprensible esta discriminación de los saharauis en materia de nacionalidad", ha agregado.
También advierte en su enmienda de que este proyecto no trata de "homogeneizar" las normas de acceso a la nacionalidad en la Unión Europea y "tampoco resuelve" la situación de los hijos de padre o madre originariamente españoles y que hayan nacido en España, "cientos de miles en toda Latinoamérica".
LA DOBLE INJUSTICIA SAHARAUI
Mientras, ERC propone en su enmienda con texto alternativo que antes de que entre en vigor esta ley, se modifique el articulo 221 del decreto de 14 noviembre de 1958 por el que se aprueba reglamento de la ley de Registro Civil, a fin y efecto de reconocer la validez de los certificados expedidos por los registros de la República Árabe Saharaui (RAS).
El republicano catalán ha lamentado el "conflicto invisible" de los saharauis ya que a partir de los diez años de residencia y de solicitar la nacionalidad, se encuentran con una situación "insalvable" porque España no reconoce la documentación de la RAS.
Tardà ha explicado que los saharauis viven también un "laberinto jurídico" en lo que atañe a la adquisición de la nacionalidad española porque, por un lado, tienen que esperar diez años, como los ciudadanos de países que no tienen relación histórica con España, y no los dos años que se exige a filipinos, portugueses, andorranos o sudamericanos. "Es una anomalía extraordinaria de por sí", ha valorado.
En su enmienda, recogida por Europa Press, plantean además modificar el Código Civil para conceder la nacionalidad por residencia a aquellos ciudadanos que hayan vivido en España diez años, y cinco para los que hayan obtenido la condición de refugiado, así como dos cuando se trate de nacionales de origen de países iberoamérica, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal, de sefardíes o de saharauis.
De esta forma, el texto alternativo plantea reconocer para los ciudadanos saharahuis un procedimiento especial para la adquisición de la ciudadanía española, similar al que se establece para aquellos de territorios que han mantenido vinculación histórica.
