MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Asuntos Exteriores debatirá el próximo miércoles 7 de marzo una iniciativa del Bloque Nacionalista Gallego (BNG), que pide al Gobierno que revise los acuerdos que mantiene el Estado con la Santa Sede, además de que extienda sus relaciones con el resto de confesiones religiosas que tienen presencia en España y, no sólo con la Iglesia católica, en base a los principios de "igualdad de trato y de no discriminación".
En concreto, esta iniciativa, registrada por los dos diputados del partido nacionalista gallego, Francisco Jorquera y Olaia Fernández Dávila, reclama al Ejecutivo nuevas conversaciones con los representantes de la Iglesia para modificar los acuerdos internacionales suscritos con la Santa Sede en 1976 y 1979, de cara a "adecuarlos al carácter aconfesional de España, además de fijar un nuevo marco de cooperación, basado en la subordinación del mismo a los principios y derechos constitucionales".
Según informa, la Constitución de 1978 declara que "ninguna confesión tendrá carácter estatal". Igualmente, señala que "esta afirmación rotunda" supuso la superación del estatus confesional que el Estado español mantenía hasta esa fecha, en virtud del Concordato de 1953 con la Iglesia católica, y por el cual el Estado se identificaba con dicha religión.
Concretamente, en 1976 se realizó un acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede que fue desarrollado, según apunta, por tres instrumentos más: el acuerdo sobre la enseñanza y asuntos culturales, el de asuntos económicos, y el de asuntos jurídicos. Todos ellos fueron firmados y entraron en vigor en 1979.
REFORMA DE CONVENIOS ADMINISTRATIVOS
Así, quiere también que el Ejecutivo de Mariano Rajoy emprenda las acciones necesarias para reformar los convenios administrativos firmados entre el Estado y la Iglesia católica, para adecuar el marco de relaciones al ordenamiento jurídico, de manera que la actuación de la iglesia también esté presidida por el respeto a las leyes y a los reglamentos vigentes.
En este sentido, advierte de que las relaciones entre la Iglesia católica y el Estado no se están sometiendo ni a la Constitución ni al ordenamiento jurídico español y con ello considera que la Iglesia "ha gozado de privilegios y ámbitos de decisión autónomos ajenos al control del Estado, incluso cuando tiene encomendadas tareas enmarcadas en servicios públicos, como es el caso de la educación religiosa".
Además, insiste en que "no sólo en el ámbito educativo y en el cultural hay que efectuar una revisión del actual escenario de cooperación entre el Estado y la iglesia, sino también a nivel económico y jurídico".
Igualmente, detalla que estos acuerdos se firmaron justo cuando la Constitución se acordó y empezó a desarrollar, en una situación histórica "incierta" y sin un marco constitucional "de referencia". "La realidad social es distinta a la de hace veinte años", puntualiza.
